Millonaria recompensa para hallar a los represores fugados

El Ministerio de Justicia ofreció dos recompensas de 2 millones de pesos cada una para quienes aporten datos que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, fugados antenoche del Hospital Militar Central Cosme Argerich, del barrio porteño de Belgrano.

Olivera (condenado a cadena perpetua) y De Marchi (25 años de prisión) fueron los primeros enjuiciados en San Juan por delitos de lesa humanidad y su fuga generó mucho malestar en el gobierno, al punto que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasó a retiro a varios jefes militares responsables del área salud (ver aparte).

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, le solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que ese cuerpo instruya a los tribunales inferiores para que no se dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al hospital militar en el que se produjo la fuga y reclamó que solicite que los implicados en casos de violaciones de derechos humanos tampoco sean trasladados a otros centros de salud militares, sino al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal I de Ezeiza.

"Se ofrece como recompensa dentro de la Argentina la suma de 2.000.000 de pesos por el plazo de 12 meses destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención" de los dos prófugos, señaló el Ministerio a cargo de Alak.

Además, solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que "ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal II por la mañana hacia el hospital Militar Central, en carácter de tránsito al mencionado complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan para cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Miguel Angel Gálvez".

El ministro advirtió que "los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida", pero que se cumplió con la demanda judicial, a la que calificó como "injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad". Además, insistió en que "gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado".

En el mismo sentido, subrayó que "para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I", el cual "está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria".

De Marchi se desempeñaba como jefe de la compañía comando y era integrante del aparato militar destinado al "combate de la subversión" durante la dictadura, mientras Olivera era jefe de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 en San Juan durante la pasada dictadura.

Ambos fueron condenados en un histórico juicio desarrollado en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan junto con Osvaldo Martel y Julio Nieto (ambos recibieron perpetua), Francisco Del Torchio y Daniel Gómez (25 años de prisión cada uno, al igual que De Marchi) Víctor Lazo (10 años de cárcel) a comienzos de este mes.

Sin sorpresa. "No me sorprende que se hayan escapado; para mí estos dos tipos lo tenían preparado desde antes", manifestó el abogado querellante del juicio Fernando Castro, y agregó: "De Marchi y Olivera se fugaron varias veces. A ambos se los detiene estando prófugos, y por eso se incorporan tarde al proceso". "Por ejemplo, a Olivera se lo encontró con posesión de pasaportes falsos y documentos falsos, además de dinero de distintas nacionalidades", recordó.

Si bien fuentes policiales habían señalado en un principio que los dos represores se habían fugado en momentos en los que eran trasladados rumbo al penal bonaerense de Marcos Paz, la cartera de Justicia detalló que se escaparon del hospital de Belgrano.

Medida penitenciarias. Antes de la decisión de Rossi, el Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Víctor Hortel, pasó a disponibilidad oficiales y agentes que tomaron parte en el operativo de traslado y seguridad y ordenó "un sumario administrativo a efectos de suspender al personal involucrado".

Informó al mismo tiempo que "solicitará a la Justicia penal una profunda investigación integral, desde el momento mismo en que se decidió el traslado en San Juan (de ambos represores) hasta el alojamiento y permanencia en el Hospital Militar Central de la Capital Federal".