Un juez exhortó a conformar una mesa de diálogo entre distintos actores para discutir cuestiones de educación, trabajo, religión y sanciones disciplinarias en las cárceles de Rosario y Piñero. Además ordenó inspecciones sorpresivas, un relevamiento sobre la calidad de las alimentación y que se obtenga la opinión sobre esos temas de los delegados de los pabellones. El paquete de mediadas fue ordenado en el marco de un hábeas corpus correctivo presentado por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, respecto del cual ayer se abrió la etapa probatoria.

Las resoluciones fueron adoptadas ayer en una audiencia por el juez Gustavo Pérez de Urrechu tras escuchar los reclamos de Ganón y la respuesta del titular del Servicio Penitenciario (SP), Pablo Cococcioni. En medio del trámite del hábeas corpus, el juez dispuso inspeccionar la Unidad 3 de Riccheri y Zeballos; la Unidad 5 —la cárcel de mujeres de Ingeniero Thedy al 300—, la Unidad 6 (ex alcaidía de Jefatura) y la Unidad 11 de Piñero.

Asimismo, dispuso que el Instituto del Alimento municipal verifique la cuestión alimentaria. Y ordenó enviar un oficio a Telecom para que informe sobre el servicio en las cárceles ya que, según denunció Ganón, los aparatos no funcionan y eso priva a los internos del contacto con su familia salvo que dispongan de un celular.

Un mes atrás. El hábeas corpus colectivo había sido presentado un mes atrás en favor de todos los internos de las unidades penitenciarias de la segunda circunscripción judicial por el agravamiento de sus condiciones de detención. El planteo se motivó en inspecciones realizadas en 2014 por la Defensa Pública que arrojaron problemas edilicios y sanitarios, superpoblación, mala calidad y escasa cantidad de alimentos, falta de acceso a educación y trabajo, requisas violentas, tratos crueles y falta de comunicación con el exterior.

Ayer esos informes fueron incorporados como evidencia junto a otros presentados por el SP. Con la presencia de un representante de cada cárcel, un miembro de Fiscalía de Estado y el fiscal Rafael Coria, Ganón enfatizó las dificultades en el acceso a la salud, dijo que "la mayoría de los teléfonos públicos de los penales no funciona" y advirtió "una cierta presión para que muchos internos se conviertan a la religión evangélica".

El titular del SP dijo que hay cupos de oferta educativa y ofreció informes en los que "una nutricionista evaluó el nivel alimentario con resultado positivo". Admitió que a veces se autoriza el uso de celulares porque "no hay otra forma de garantizar la comunicación con el exterior". Y en cuanto a la separación en pabellones evangélicos adujo cuestiones de seguridad que apuntan a "reducir los hechos de violencia".

A su turno, el fiscal Coria planteó que "es importante escuchar a los internos", por lo que se designarán delegados. Finalmente el juez dispuso "exhortar a la mesa de diálogo sobre educación, trabajo, religión y sanciones disciplinarias" con representantes de todas las partes para tratar los temas planteados en el hábeas corpus, mientras se reúnen pruebas de cara a una decisión judicial.