La traductora pública a la que la Justicia federal le encargó la conversión al castellano de la versión en inglés del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso Amia calificó al documento como ausente de “claridad”.
La traductora pública a la que la Justicia federal le encargó la conversión al castellano de la versión en inglés del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso Amia calificó al documento como ausente de “claridad”.
Por su parte, la Cancillería reiteró el carácter confidencial de una documentación que aportó a la Cámara Federal de Casación Penal, la cual debe definir si es o no constitucional el tratado, y que no puede ser conocido por las partes, tal como había solicitado la fiscalía.
La traducción la encargó la Sala I de la Cámara para ver si existe alguna divergencia entre la versión que hay del Memorándum en inglés y en castellano, y previo a resolver si el mismo es o no constitucional.
Con la traducción del texto, unos nueve puntos de los que consta el tratado firmado el 27 de enero de 2013, la traductora pública Viviana Cortinez aportó varias conclusiones.
En el informe, la traductora señaló que el pacto tiene un “bajo registro lingüístico del documento fuente en inglés” y que los errores gramaticales, junto con la “ausencia de conectores” del texto, lo “privan de claridad”.
La importancia que le dieron los jueces en conocer qué establece la versión en inglés y su posible variación sobre la otra en castellano no es menor.
En ese sentido, consta en el tratado firmado entre la Argentina e Irán: “En caso de divergencias acerca de su implementación, prevalecerá el texto en idioma inglés”.
Por otra parte, el lunes pasado se realizó una audiencia entre funcionarios de la Cancillería y los jueces de la Sala I, Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani, a raíz de una información de carácter confidencial que forma parte de la causa.
Se trata de documentación aportada por la Cancillería para conocimiento exclusivo de los jueces relativo a las negociaciones antes de la firma del tratado con Irán, pero que la fiscalía a cargo de Raúl Pleé pidió tener acceso.
La audiencia se realizó para analizar si es viable compartir la documentación secreta con la fiscalía y las querellas (los familiares de las víctimas del atentado a la Amia), pero la Cancillería reiteró el carácter confidencial de la misma y que sólo era para conocimiento de los jueces.
Al tratarse de información secreta y que los magistrados no pueden dar a conocer, tampoco podrán utilizarla para fundar los votos del fallo que definirá el futuro del memorándum.
El documento fue declarado inconstitucional el año pasado por la Sala I de la Cámara Federal y el gobierno apeló ante Casación.
Por Facundo Borrego
Por Mariano D'Arrigo
Por Mila Kobryn