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Masiva presentación de cautelares por los cambios en la Magistratura

El gobierno promulgó ayer la ley con las modificaciones al organismo y se prevé una batalla legal que terminará en la Corte Suprema. Casi todos los partidos de la oposición y de organismos profesionales hicieron planteos de inconstitucionalidad de la norma.  

Martes 28 de Mayo de 2013

La Justicia recibió ayer múltiples planteos de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura, en el mismo día en que esta ley fue publicada en el Boletín Oficial, al tiempo que se reclama la suspensión de la elección de consejeros.

Las presentaciones fueron del titular del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo (a título personal); de una agrupación que él lidera, Gente de Derecho, a la cual pertenece el dirigente, y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

A ellas se suman las que presentaron dos abogados particulares cada uno en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, y otra de un grupo de jueces ante el mismo fuero.

También hubo presentaciones de la UCR, del Frente Amplio Progresista (FAP) y otra conjunta que presentaron los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) y Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), ambas presentadas ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, donde también fue presentada la que realizó la agrupación Gente de Derecho.

A estas se les sumaría la de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, tal cual lo anunció su titular, Luis María Cabral.

Asimismo se cuentan las que se presentaron en otras jurisdicciones por fuera de la Capital Federal, como la que hizo el Colegio de Abogados de Córdoba en esa ciudad y las que se prevé harán otras entidades de abogados en el interior del país.

La presentación masiva de amparos se produjo por la mañana debido a que ayer mismo fue promulgada la ley de reforma del Consejo en el Boletín Oficial, tras haber sido sancionada hace tres semanas por el Congreso, y en todos los planteos se pide la suspensión de la aplicación de la ley.

Integrantes. La nueva ley del Consejo prevé que sus integrantes pasen de 13 a 19 miembros: tres jueces, tres representantes de los abogados y seis representantes del ámbito académico o científico, todos elegidos por el voto popular; y por seis legisladores seleccionados por los presidentes de las dos Cámaras del Congreso, y un representante del Poder Ejecutivo.

Una de las juezas que ya recibió por sorteo la presentación que presentó Rizzo es María Alejandra Biotti, quien semanas atrás le había rechazado un amparo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (presidido por el propio Rizzo) contra la ley del nuevo régimen de cautelares, por considerar que se trató de una presentación abstracta, porque la norma aún no estaba en vigor.

Rechazos. Hasta el momento, todas las otras presentaciones que hubo contra las otras reformas introducidas en el Poder Judicial por iniciativa del gobierno fueron rechazadas en primera instancia y pasaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En el PRO, en tanto, el diputado Federico Pinedo calificó ayer de "groseramente inconstitucional" la ley de reforma del Consejo de la Magistratura promulgada por el Ejecutivo y anunció que su partido va a "objetar esta vergonzosa ley kirchnerista que pretende prohibir la posibilidad de establecer alianzas para elegir candidatos".

El legislador hizo un llamado a los abogados y ciudadanos en general para que descarguen de la página www.sinjusticianohayfuturo.com los modelos de amparo para pedir la inconstitucionalidad de la reforma.

Por su parte, tras realizar el planteo, el líder del FAP, Hermes Binner, apuntó que "cabe la responsabilidad de cuestionar la constitucionalidad de esta norma, porque hace depender de los partidos políticos la selección y remoción de los miembros del Poder Judicial, en abierta contradicción con lo que expresa la Constitución nacional".

En su presentación, Rizzo sostuvo que la reforma "consolida la injerencia absoluta del sector político (en el Consejo de la Magistratura), eliminando definitivamente el equilibrio por carencia de representación de los estamentos que deben conformarlo, llevándolo al extremo de trocar la esencia misma del Consejo para convertirlo en un órgano politizado y partidizado por definición, al servicio de mayorías circunstanciales".

"Al exigir que la elección de los representantes de los jueces, los abogados y académicos se efectúe mediante el sufragio universal y simultáneamente con las primarias abiertas simultáneas y obligatorias obliga a sus postulantes a enrolarse o alinearse políticamente con algún partido afín y, desde ese lugar, formar parte de las decisiones cruciales que hacen a la integración del Poder Judicial", sostuvo en el escrito.

Por su parte, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una demanda contra la ley 25.855 y lo hizo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Sólo digo que queda —como única esperanza— la atinada y urgente decisión con calidad operativa por parte de esta Corte Suprema de Justicia", expresó Monner Sans.

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