La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó ayer la liberación de los represores Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, quienes se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar. La medida también benefició a represores santafesinos, como el ex juez Víctor Brusa y Ramón Genaro Díaz Besone, entre otros procesados que actuaron en la provincia en esa época.
La resolución de la Cámara causó el inmediato repudio de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos.
La orden de liberación se produjo el mismo día en que la presidenta Cristina Fernández encabezó un acto en la Esma, el ícono de la represión ilegal en Argentina (ver aparte).
Fuentes judiciales dijeron que la resolución de la Sala II del tribunal, basada en el tiempo de detención sin sentencia, "no se hará efectiva de manera inmediata" porque el juez federal Sergio Torres, a cargo de esa causa, tendrá que fijar las cauciones que previamente deben satisfacer quienes obtuvieron el beneficio.
Además de Astiz y Acosta, obtuvieron la excarcelación los ex oficiales de la armada Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Víctor Cardo, Alberto González y Néstor Savio.
Quienes obtuvieron la excarcelación se encuentran procesados por delitos como imposición de tormentos, en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada y en grado de partícipes necesarios.
Las razones. El fundamento de la Sala II de la Cámara de Casación se vincula con los plazos establecidos por la ley 24.390 que fija un término máximo de dos años (prorrogable por uno más) para el caso de las prisiones preventivas.
Hasta ahora los pedidos de los defensores habían sido rechazados porque ante las nuevas imputaciones de hechos ilícitos, a los procesados se les ampliaba el procesamiento con prisiones preventivas.
Los camaristas Guillermo Yacobuccio, Wagner Mitchell y Luis García consideraron, en cambio, que los plazos se debían computar desde el primer día de detención.
Con ese criterio la Sala II concluyó que se habían excedido los plazos razonables de detención sin sentencia firme y dispuso el "cese" de las respectivas prisiones preventivas.
Para que las libertades se hagan efectivas, cada uno de los beneficiados con las medidas deberá presentar una "caución personal" consistente en "tres fiadores solventes que se comprometan patrimonialmente a responder en caso de que los procesados dejen de estar a derecho", agregaron las fuentes.
Capítulo local. La misma resolución que benefició a Astiz alcanzó e hizo caer las presiones preventivas de siete imputados por delitos de lesa humanidad, procesados en la denominada causa Brusa.
El plenario resolvió así un planteo de los defensores, que objetaron la nueva prórroga dictada por los conjueces del tribunal en marzo de este año.
Brusa quedará en libertad en las próximas horas, junto al ex integrante del departamento de Informaciones de la Policía Santafesina (D2), Eduardo Curro Ramos, la ex carcelera María Eva Aebi, el ex jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas Héctor Pollo Colombini, el ex comisario de la dictadura Juan Perizotti y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Ejército Domingo Marcellini.
La medida alcanzaba también al ex presidente de la Comuna de Rincón Mario José Facino, quien seguirá preso por estar procesado por homicidios en otra causa.
La medida judicial causó sorpresa e indignación entre los abogados querellantes, quienes recibieron las cédulas de notificación en sus estudios jurídicos.
El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe de Córdoba, Claudio Vignetta, confirmó que otro chico tuvo que ser hospitalizado.
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