Más de un millón de brasileños tomaron ayer las calles en decenas de ciudades del país para protestar contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, a la cual muchos exigen su salida del gobierno.
Sólo en la ciudad de San Pablo, epicentro de las manifestaciones que sacudieron al país en junio de 2013, casi un millón de personas, según la policía militarizada, acudieron a la avenida Paulista y adyacencias con carteles y pancartas para expresar su insatisfacción por la política económica y la corrupción.
Además de la metrópolis, otras 65 ciudades del país fueron escenario de multitudinarias protestas, que se desarrollaron, al menos hasta anoche, en forma pacífica y sin ningún tipo de disturbios.
La demanda que más se hizo sentir fue la de renuncia o destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).
Esta demanda marca una diferencia sustancial respecto a las marchas de junio de 2013, que coincidieron con la realización de la Copa Confederaciones y en las cuales, en su punto más alto, un millón de personas tomaron las calles en todo el país.
En aquella oportunidad, la demanda era en contra de los gastos excesivos del gobierno con ese evento deportivo y el Mundial de fútbol y por mejores servicios públicos, pero no se reivindicó un cambio anticipado de gobierno.
La indignación generalizada esta vez tiene como base la crisis económica que azota al país, la cual trae consigo la aplicación de ajustes que afectan el bolsillo de los ciudadanos, como lo son el aumento de impuestos y precios, la reducción de beneficios fiscales y laborales y el recorte de gastos, entre otros.
Los manifestantes también expresaron su repudio por el gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, donde una red ilegal en la que habrían participado políticos y partidos oficialistas desvió millonarias sumas durante los gobiernos de Rousseff y su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva.
Decenas de políticos, incluidos 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores en funciones, son investigados por su supuesto involucramiento en la trama mafiosa de Petrobras. La mayoría pertenece al PT o a partidos que integran la coalición de gobierno.
En Río de Janeiro, unas 20.000 personas recorrieron la avenida Atlántica, que corre paralela a la mítica playa de Copacabana, mientras que en la capital federal, Brasilia, cerca de 45.000 manifestantes se concentraron en la Explanada de los Ministerios, el centro del poder del país.
En al menos dos ciudades, Belo Horizonte y Río de Janeiro, pequeños grupos participaron en las marchas pidiendo la intervención de los militares y el regreso de la dictadura para “salvar a Brasil”.
Toda una paradoja ya que ayer se cumplieron justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar que comenzó en 1964 y terminó en 1985.
Además de esas dos capitales provinciales, hubo protestas en Fortaleza, Recife, Goiás, Pará y Porto Alegre, entre otras.
En la mayoría de las concentraciones, las personas vestían la camiseta verde y amarilla de la selección nacional de fútbol, portaban banderas de Brasil y entonaron las estrofas del himno nacional.
Los actos de ayer fueron apoyados por el principal opositor del gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y otros partidos menores. La mayoría de las fuerzas políticas opositoras se distanciaron de los pedidos de destitución de Rousseff.
Además de estas manifestaciones simultáneas en todo el país, la presidenta enfrentó el domingo pasado una expresión de repudio poco frecuente en Brasil: un “cacerolazo”, acompañado de bocinazos mientras hablaba en cadena de radio y televisión.
