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Más de la mitad de los centros de salud del municipio tiene seguridad privada

La seguidilla de robos contra el personal sanitario del centro de salud del barrio Toba provocó el cierre como mecanismo de protesta, además de un llamado de atención a las autoridades.  

Sábado 17 de Enero de 2015

Un total de 30 de los 50 centros de salud que dependen del municipio tiene servicio permanente de seguridad privada. Así, las arcas públicas locales deben destinar 300 mil pesos al mes para cubrir la vigilancia. El dato surge, en medio de las nuevas protestas de trabajadores de la salud, quienes sufrieron robos frente al dispensario de Rouillón al 4300, en el barrio Toba. Fueron dos casos de inseguridad por los que el local cerró sus puertas el jueves, aunque ayer regresó a la normalidad. El lunes, el ministro de salud santafesino, Mario Drisun, brindará detalles de un programa contra la violencia institucional que involucra a los efectores públicos y sobre los cuales se promete analizar cada caso en particular.

   La seguidilla de robos contra el personal sanitario del centro de salud del barrio Toba provocó el cierre como mecanismo de protesta, además de un llamado de atención a las autoridades.

   Una de las médicas se encontraba el miércoles en la parada de colectivos cuando delicuentes armados le robaron el celular y otras pertenencias. Ayer, en tanto, hacia las 13, a una empleada administrativa del centro de salud le sustrajeron la cartera justo cuando descendía de su coche particular bajo amenazas con un arma blanca.

   Los dos hechos encendieron el alerta entre la comunidad sanitaria. Los delegados denunciaron ayer que tras el repliegue de Gendarmería volvieron los robos con mayor intensidad debido a “la falta de presencia policial que pueda suplir la ausencia de las fuerzas federales”.

   Desde la Dirección de Centros de Salud, Fernando Vignoni brindó su visión sobre la ola de hechos en torno a los dispensarios. “Son 1.000 trabajadores los que se desempeñan allí, 650 mil consultas anuales en 50 centros y una población destinataria de 250 mil personas. La dimensión que tienen estos episodios, si bien resultan notorios, es menor en comparación con otros rubros, como el comercio. Y en los casos de los robos en el trayecto hacia los lugares de empleo, recibimos hechos como ocurren con cualquier otro trabajador que va a su destino laboral”, analizó.

   Puntualmente, sobre las situaciones dentro de los centros de salud, el funcionario indicó que “no hubo pedidos del personal de cambio de lugar de trabajo”.

   Lo cierto es que el jueves, las autoridades se reunieron con los delegados gremiales para analizar los ataques al personal. Allí se logró destrabar el conflicto que había desembocado en el cierre del dispensario de Rouillón al 4300.

   El episodio elevó la tensión y dejó un dato de relieve y que refleja la realidad que atraviesa¡ la mayoría de los centros de salud que abren sus puertas a los pacientes de 7 a 19.

   En todo el mapa de Rosario hay distribuidos 80 centros, 50 corresponden a la órbita municipal. Y, de ellos, 30 tienen un servicio regular de seguridad privada, por lo que la administración de la intendenta Mónica Fein desembolsa 300 mil pesos mensuales.

   Vignoni justificó la decisión de reforzar la protección a los dispensarios. “Es un presupuesto alto, pero tiene un rol importante en el ordenamiento de la sala de espera y en el aspecto preventivo, aunque no tanto en relación a los robos. En líneas generales, los trabajadores se sienten cuidados”, detalló. La contratación de una agencia para custodiar los efectores no resulta una decisión novedosa. Incluso para los 30 en cuestión, se han incorporado dos o tres en el último año. Y lejos de suponer que la seguridad privada es para las denominadas “zonas rojas”, su distribución geográfica está más acentuada en el centro y macrocentro que en los barrios.

Estrategia oficial. Los casos de inseguridad en barrio Toba se desatan justo cuando el ministro Drisun anunció para el lunes una conferencia de prensa destinada a brindar detalles de un programa contra la violencia institucional.

   Drisun, junto al especialista en mediación y resolución de conflictos, Alejandro Nató, dará en la sede ministerial de Rioja 825 detalles sobre el proceso iniciado en los hospitales y centros de salud del territorio santafesino.

   Allí, los funcionarios prometen explicar las etapas del plan que comenzó el año pasado y en el cual se abordan los conflictos y la violencia institucional.

   “Lógicamente, lo que acontece en la ciudad también ocurre en los centros de salud. El tema es que en estos lugares de trabajo, el clima tiene que ver con la situación en sí y la posibilidad de evitar que esto acontezca, minimizar los riesgos para el empleado y, al mismo tiempo, buscar las mejores soluciones para cada una de las situaciones”, destacó el especialista.

   Nató consideró que no se puede dar una respuesta integral a todos los hospitales, a todos los centros de salud. “Es por eso que vamos reuniéndonos en cada uno de los lugares para analizar la realidad y evaluar qué tipo de respuesta podemos dar, qué tipo de insumos se pueden generar para evitar a futuro que surjan situaciones de acción y de disminución de la comunicación”, dijo.

   Drisun cuenta con el asesoramiento de Nató y Nilda Santoro de Hernández. Los expertos y funcionarios participarán de las actividades que tendrán lugar en el Hospital Provincial y en el policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria.

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