La Unidad de Investigación Financiera (UIF) pidió a la Justicia que llame a indagatoria a 23 personas vinculadas al empresario tucumano Rubén "La Chancha" Ale, a quien consideró "cabecilla" de "una asociación ilícita dedicada a la trata de personas para explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos", y pidió medidas cautelares sobre sus bienes.

La UIF expuso sus conclusiones sobre los "elementos de prueba" obtenidos en 15 allanamientos ordenados en la causa que investiga al clan Ale, vinculado a la captura en Tucumán y desaparición de Marita Verón, en abril de 2002, cuando salió de su casa en San Miguel de Tucumán para asistir a un turno con un médico.

La solicitud al juez Fernando Poviña es para que "llame a prestar declaración en los términos del artículo 294" del Código Procesal Penal a los "23 sujetos imputados", informó el organismo querellante mediante un comunicado.

LA UIF calificó los hechos investigados como "asociación ilícita" y sindicó como sus "cabecillas" a "Rubén La Chancha Ale y su ex cónyuge María Jesús Rivero, y como miembros a Oscar Roberto Dislacio, Fabián Antonio González, Daniela Milhein y Víctor Alberto Suárez.

También pidió indagar por "lavado de activos" a otras 17 personas vinculadas a la banda para las que mantuvo la misma imputación "respecto a los referidos miembros de la asociación ilícita, quienes también realizaron conductas de las reprimidas por la ley Nº 25.246 en la modalidad de autolavado", detalla el texto.

Medidas cautelares. En este sentido, a fin de "evitar que los imputados logren esfumar los bienes adquiridos con fondos ilícitos y garantizar su eventual decomiso", la UIF pidió al juez varias medidas cautelares, para lo que identificó en forma precisa "60 vehículos y 12 propiedades de titularidad de los imputados y de una firma comercial utilizada para concretar las maniobras".

El organismo especializado en la lucha contra el lavado señaló que la causa tuvo origen en un expediente administrativo que elevó al Ministerio Público Fiscal y que dio lugar a una denuncia penal en febrero último, tras lo que se constituyó en querellante.