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Marcelo Kohen, la apuesta argentina en La Haya

El experto, formado en la UNR, se mostró sorprendido de que existieran en Argentina reacciones negativas ante esa decisión.

Domingo 10 de Agosto de 2014

“Argentina puede recurrir a la justicia internacional ya que existe una clara violación a las normas del derecho internacional por parte de Estados Unidos, a través de las acciones del juez de Nueva York Thomas Griesa. Es un claro conflicto entre Estados”, explicó desde Ginebra el abogado argentino Marcelo Kohen, integrante del equipo jurídico argentino ante el Tribunal de la Haya, ante la decisión del gobierno de Cristina Fernández de acudir a ese órgano para destrabar el conflicto con los fondos buitre.

   El experto, formado en la UNR y actualmente profesor de derecho internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de esa ciudad de Suiza, se mostró sorprendido de que existieran en Argentina reacciones negativas ante esa decisión, y desechó de plano que llevar el caso a arenas globales pueda empeorar las cosas entre los dos países: “No constituye para nada un gesto inamistoso, todo lo contrario, es lamentable ver que en Argentina ciertas reacciones son automáticamente negativas”. También ponderó la importancia del caso para otros países con problemas de deuda, como es el caso de la mayoría de las naciones europeas: “Francia presentó una nota diciendo que Argentina tenía razón, y no fue por puro altruismo. Todos los Estados están endeudados, todos emitieron bonos y en muchos casos tienen jurisdicción en Nueva York”, resaltó.

—¿Cómo se llega ante esta instancia de justicia internacional?

—La presentación del gobierno argentino contra Estados Unidos ante la Corte internacional de La Haya se funda, principalmente, en que las acciones del juez neoyorquino Thomas Griesa violan obligaciones de carácter internacional, ya que los Estados son responsables de los actos de su poder judicial. Es cierto que Argentina aceptó la jurisdicción del tribunal de Nueva York, pero eso no quiere decir que ese tribunal puede hacer lo que se le dé la gana, hay límites, y este juez ha ultrapasado sus límites. No es competencia del juez decidir sobre la reestructuración de la deuda argentina ni decir si está o no está en default.

—¿Existen casos parecidos?

—A diferencia de lo que ocurrió con Uruguay con el conflicto por las pasteras, donde había un tratado que es el Estatuto del río Uruguay, acá se puede trazar un paralelismo con el caso de la fragata Libertad. Por una parte, es el mismo fondo buitre que ahora el que embargó la fragata, además fue con el título del bono defaulteado y a partir de allí un juez comercial de Ghana decidió el embargo. En su momento, el gobierno de Ghana dijo lo mismo que el de Estados Unidos respecto a la separación de poderes.

—¿Qué alcance puede tener el caso?

—Hay mucha sorpresa en Argentina de ver que podemos ir contra Estados Unidos, pero esto no es simbólico, y la resolución depende de la voluntad de Estados Unidos. En Hamburgo teníamos la posibilidad de que el tribunal se pronuncie, en cambio acá no, porque si Estados Unidos decide no reconocer la competencia de la Corte, ésta no puede pronunciarse. Si dicen que no, la controversia igual continúa, porque es de Estado a Estado, por eso le dijimos a Estados Unidos en la demanda que si dice que no a la competencia, que propongan otro medio alternativo. Como se trata de una invitación, en el reglamento de la corte no hay plazos previstos.

—¿En qué medida Obama puede solucionar el conflicto?

—Eso forma parte del derecho interno estadounidense, pero la independencia juega en los dos sentidos, porque si un gobierno no puede interferir en el poder judicial, el poder judicial tampoco puede hacerlo en el accionar del gobierno. Obama podría decirle al poder judicial de Estados Unidos que están yendo mas allá de lo que su competencia le permite.

—La decisión de ir a la Corte fue bastante desestimada en Argentina.

—Son decisiones políticas, el derecho internacional es una herramienta que tienen los Estados, los mas débiles sobre todo. El recurso a la Corte es jurídico, pero la decisión de ir o no ir es política. Es lamentable ver que ciertas reacciones son automáticas negativas.

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