El fiscal federal Walter Rodríguez, de la capital provincial, elevó a juicio la causa que investiga una red de trata que captaba mujeres en esa ciudad para que ejercieran la prostitución en las rutas del cordón industrial. Los procesados son Martín Oscar G., Zunilda G. y Mariela Alejandra S. Se los acusa por el delito de trata de personas agravado. El juez que entiende en la causa, Reinaldo Rodríguez, previamente había dictado la falta de mérito para un policía acusado de liberar la zona donde las víctimas ofrecían servicios sexuales.
Según la investigación judicial, a cargo del fiscal Rodríguez, Zunilda G. era la cabeza de la organización, ya que se encargaba de captar a las víctimas a través de propuestas engañosas. Luego organizaba y coordinaba el traslado de las mujeres hacia los puntos de explotación. Mariela S. y Oscar G. realizaban los traslados desde Santa Fe hasta Ricardone, Puerto San Martín y zonas aledañas, tal cual lo publicó el diario digital SL24.
La banda captaba jóvenes en los barrios humildes de la zona oeste santafesina y luego las llevaba a prostituirse en rutas cercanas a las terminales portuarias y eventualmente a otros pueblos.
El policía Rodrigo Adán María D., que trabajaba en la Comisaría 5ª de Puerto General San Martín, fue acusado de encargarse de liberar la zona a cambio de una suma de dinero. En la investigación judicial consta que este policía "se encargaba de garantizar la zona liberada del territorio donde se concretaba la explotación sexual, lo cual era retribuido económicamente en beneficio propio".
Sin embargo, tras tomarle declaración indagatoria, el juez le imputó "haber integrado junto a Zunilda G., Mariela S. y Martín G. una organización dedicada al traslado de mujeres hacia distintos puntos de la provincia", agravado por las mismas causas que los demás y también por ser miembro de una fuerza de seguridad.
Esto, que a simple vista complicaba la situación de Rodrigo D., resultó a la inversa: la defensa del policía presentó un pedido de "apelación y nulidad" y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario declaró la nulidad parcial.
La causa volvió al juez Rodríguez, quien en lugar de dictar otro procesamiento decidió no tomarle una nueva declaración al miembro de las fuerzas de seguridad y le dictó finalmente la falta de mérito, otorgándole la libertad por falta de pruebas.
El fiscal presentó una apelación contra esa resolución, considerando que correspondía tomarle nuevamente declaración, ya que consta en la investigación que el policía cobraba la suma de 800 pesos semanales por cumplir su función en la organización.
