Venezuela endureció las sanciones contra la "especulación y acaparamiento", estableciendo penas de hasta 14 años de cárcel en una nueva ley firmada por el presidente Nicolás Maduro. Este denunció nuevamente la existencia de una presunta "guerra económica" que busca socavar su mandato y la "revolución bolivariana". Venezuela padece una inflación superior al 50 por ciento anual y crónico desabastecimiento de bienes básicos, como alimentos. Estos problemas se han ido agravando con el paso de los años.

La Ley Orgánica de Precios Justos establece además penalidades como expropiaciones, decomisos y multas para quienes no cumplan con la amplia regulación sobre márgenes de ganancias y precios en una nación sumida desde hace varios años en un agudo desabastecimiento de productos básicos. "Quienes vendan o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho a diez años", se lee en la resolución publicada en la Gaceta Oficial. La norma establece igual pena para el delito de "acaparamiento". Asimismo, determina prisión de hasta 12 años para quienes incurran en "boicot" y de hasta 14 años para el "contrabando de extracción" de bienes, es decir, para quienes saquen a través de las fronteras productos regulados.

Las medidas represivas de Maduro van en línea con la política inaugurada por su antecesor y mentor, el fallecido Hugo Chávez. Estas políticas, sin embargo, sólo han exacerbado la inflación y el desabastecimiento. Venezuela ha perdido en 15 años de chavismo gran parte de su producción agrícola, lo quela obliga a importar incluso arroz y otros alimentos básicos.

Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez en marzo pasado, y desde entonces ha tenido que lidiar con la acuciante escasez de productos básicos, una inflación anual oficial de 56,2 por ciento y una apremiante falta de divisas para importaciones. Paradójicamente, Venezuela es el productor de hidrocarburos más importante de América latina, pero no le alcanza para cubrir sus importaciones.

Desde 2007.Ya en 2007, Chávez estableció penas de cárcel de hasta seis años para el "boicot, la especulación y el acaparamiento" de productos sujetos a controles de precios. El caudillo bolivariano estableció los controles de precios y de cambios en 2003, sin lograr nunca buenos resultados.

La nueva ley establece un "margen máximo de ganancia" de 30 por ciento. Además crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, encargada de la "determinación de márgenes de ganancias razonables para fijar precios justos". No queda claro cómo hará el gobierno para controlar estos parámetros en cada empresa.