El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, nombró ayer abogados que estudien
las pruebas que tuvo en cuenta el juez Norberto Oyarbide al citarlo a indagatoria en la causa que
investiga una presunta asociación ilícita que realizaba escuchas telefónicas ilegítimas y en la que
quedó imputado.
Por su parte, Oyarbide anunció que se llamaba a silencio para evitar que sus
dichos fueran "sacados de contexto" y derivaran en "planteos recusatorios".
Hace seis meses la defensa del ex policía federal Ciro James, procesado y
detenido en la causa, ya había pedido apartar al juez por hablar con la prensa sobre detalles del
expediente.
Ayer los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental, de un reconocido estudio
letrado, se presentaron en los Tribunales Federales porteños para anunciar la representación legal
de Macri en la causa de las escuchas. Por ahora no pidieron postergar la indagatoria (el 28 de
abril) siguiendo la línea que había anunciado el propio jefe de Gobierno, quien confirmó que se
presentará en la audiencia para rechazar cualquier vínculo con el delito investigado.
No obstante, Oyarbide anunció su silencio con el ingreso formal de Macri al
expediente —habilitado para pedir medidas— y en medio de las críticas macristas a la
Casa Rosada por supuestas presiones al juez.
Con la firme voluntad de seguir al frente de la causa de las escuchas, el
magistrado quiso evitar eventuales objeciones de las defensas de los imputados. Y afirmó: "Lo que
importa es que yo pueda realizar las investigaciones y no perder el tiempo en planteos inútiles que
hasta llegan a Casación".
La citación a indagatoria de Macri, junto a la del ministro de Justicia y
Seguridad porteño, Guillermo Montenegro (para el 21 de abril), y el ex ministro de Educación
Mariano Narodowski (para el día siguiente), disparó críticas de los funcionarios de la Capital
Federal, como el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que "no existe que el juez
hable todos los días por los medios" en una "telenovela mediática".
Según está previsto, el 28 y asesorado por los abogados que nombró ayer, Macri
deberá responder como sospechoso de la red judicial y policial que impulsó una serie de escuchas
telefónicas a personas que no tenían que ver directamente con esas pesquisas con el supuesto fin de
vigilar y/o extorsionar a las víctimas.
En la causa ya están presos James y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge
Palacios, mientras que fueron procesados un grupo de policías misioneros y una secretaria de un
juzgado de esa provincia.