Otra vez el ministro de Hacienda de la provincia insiste en la "necesidad" de aumentar impuestos para nivelar los números de la provincia en 2010 (hasta hace dos semanas el déficit era 1.200 millones, hoy ya estima 2.000 millones). A esta operación el ministro la denominó "proceso de armonización tributaria", como una elegante forma de encubrir impuestazo y tarifazo y, hasta el momento, no explicó al contribuyente en qué consiste concretamente. Los incrementos en el impuesto inmobiliario urbano, por su regresividad, en especial aquel que afecta a las viviendas familiares, traerán como consecuencia el justo repudio de toda la población, en especial los rosarinos, ya golpeados con los aumentos en la tasa general de inmuebles (TGI), que en algunos casos alcanzó el 500%. Es decir, otra vez se intenta ajustar a través del bolsillo de las familias y no de las cajas de las empresas, a las cuales se las viene subsidiando sistemáticamente en esta provincia, tal el caso del impuesto a los ingresos brutos en las industrias que están exentas, o bien de la billetera de quienes más capacidad contributiva tienen (impuesto inmobiliario rural), no sólo por el patrimonio que significa una explotación agropecuaria sino también por la renta que obtienen de la misma, incluso a pesar de las injustas retenciones. Las excusas son siempre las mismas, y en esta oportunidad me remito a lo expuesto por el propio ministro: "Pasamos de una masa salarial de 4.400 millones de pesos en 2007 a más de 7.000 millones en 2009", dijo a este diario. Esto significa un incremento en esa masa salarial mayor del 60%, que no es precisamente el aumento que recibieron los maestros, policías, médicos y el resto del personal del Estado provincial, sino que es un vergonzoso incremento encubierto en el plantel de funcionarios públicos, a los cuales hay que pagarles el sueldo con el dinero de los castigados contribuyentes. Alguna vez el ajuste debe incluir el estricto control del gasto público.

Victor Del Frate,
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