Dos abogados con actuación en Tribunales y en la política local cargaron contra la nominación del juez correccional Edgardo Bistoletti para el cargo de defensor del Pueblo de la provincia, presentada el martes pasado por el gobernador Hermes Binner.
Dos abogados con actuación en Tribunales y en la política local cargaron contra la nominación del juez correccional Edgardo Bistoletti para el cargo de defensor del Pueblo de la provincia, presentada el martes pasado por el gobernador Hermes Binner.
El ex diputado nacional Fidel López y el ex concejal Jorge Serrano, ambos del radicalismo, objetaron por vías distintas la actuación de Bistoletti en determinadas causas. Al mismo tiempo se conoció la primera declaración pública de un justicialista contra la postulación del magistrado, el legislador provincial Alberto Monti (ver aparte). Carlos Favario, titular del Partido Demócrata Progresista provincial, había inaugurado los cuestionamientos según se pudo leer en LaCapital de ayer.
"Ahora sabrá el gobernador cómo se comportó este juez y sus antecedentes. Favario dijo que Bistoletti entró a la Justicia por una ventana. Pues debió haber salido por otra", declaró enfáticamente Fidel López ayer ante este diario.
El legendario abogado apuntó que recusó al juez por "prevaricato" (dictar a sabiendas una resolución injusta) en el año 2006 porque firmó la falta de mérito y el sobreseimiento de personas acusadas de un robo "sin interrogar a nadie ni llamar a los testigos, pasando por alto las actas notariales y comportándose como un emperador".
López narró que llegó a recusarlo ante el fiscal de Cámara José María Peña, quien concluyó que "los argumentos de la disconformidad echan por tierra a los del magistrado" en la explicación de su actuación. "A pesar de eso, siguió actuando en la causa. Yo le dije: largue el expediente, doctor, inhíbase", dijo López.
Serrano, por su parte, señaló que le sorprendió la resolución del juez en el año 2000 "convalidando la creación de la Empresa de la Costa municipal" (que otorgó luego las concesiones de la costanera a privados), siendo que el Tribunal de Cuentas había considerado "nula y de gravedad institucional la creación de esa compañía".
"Recuerdo que con el dictamen 110 del tribunal en mano —contó Serrano—, junto a Cristina Usandizaga y Jorge Boasso fuimos a hacer la denuncia a Tribunales y recayó en lo de Bistoletti. La denuncia era contra el intendente Binner y un par de secretarios porque para nosotros, como para el Tribunal de Cuentas, la conformación de una empresa municipal así era potestad del Concejo".
Nada sencillo. La lectura política que surge en lo inmediato es que el trámite de aprobación del nombre de Bistoletti en la Asamblea Legislativa (reunión plenaria de los diputados y senadores) deberá sortear varios escollos. Entre los asesores del gobernador no cabía el surgimiento de cuestionamientos como los aparecidos en tan pocos días.
Binner se reunió con el magistrado rosarino el martes pasado y al término lo presentó a la prensa en la sede de la Gobernación diciendo que la elección se había basado en "el perfil humanista y la capacidad técnica" del juez y en el hecho de que "no tiene actuación político-partidaria".
El último defensor del Pueblo fue Carlos Bermúdez (ex concejal y diputado provincial del PJ) cuyo mandato de cuatro años venció el 25 de noviembre pasado. Ya ese dato fue leído en su momento como una imprevisión del gobierno socialista: no haber tenido lista su propuesta un par de meses antes. La dio a conocer un mes después de ido Bermúdez y, por las primeras reacciones, nadie sabe del éxito o fracaso que cosechará la alternativa.
Para la Asamblea Legislativa el oficialismo no tiene mayoría: con sus aliados el socialismo suma 28 diputados y cinco senadores, mientras que el justicialismo 22 y 13, respectivamente. 33 a 35: eso, contando entre los oficialistas a los tres del PDP (Gabriel Real, Luis Mauri y Estela Méndez de Demicheli), que luego de las objeciones de Favario se duda acerca de cómo podrían terminar votando.
Bistoletti, de 64 años, se desempeña desde 1989 como titular del juzgado correccional 8º de Rosario.
Intervino también en la desaparición en el balneario La Florida del niño Bruno Gentiletti, en el derrumbe del parque España y en el caso de Sebastián Pira, el joven que atropelló y mató a dos adolescentes que salían de bailar de una disco de bulevar Oroño y Salta.