Los concursos y quiebras tramitados en los tribunales rosarinos crecieron un 20% entre 2012 y 2013. Aunque la cantidad de expedientes todavía está lejos de los iniciados durante la crisis de 2008 y 2009, los especialistas destacan el aumento de estos juicios como “un síntoma de deterioro de la economía”. Más allá de ciertos casos resonantes en el sector agropecuario, industrial y de servicios, siete de cada diez causas son de consumidores, una evidencia de la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados por la inflación y las dificultades para refinanciar sus créditos.
Entre 2012 y 2013, los concursos y quiebras tramitados en los tribunales provinciales rosarinos aumentaron un 20,54%: pasaron de 224 a 270. De estas últimas, 58 (el 21,48%) pertenecen a personas jurídicas, y 212 (el 78,52%) corresponden a personas físicas. Estas estadísticas, que elabora la presidencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, reflejan aquellas causas que ya tienen síndicos designados.
Si se considera la información que maneja la Mesa de Entradas Única en lo Civil y Comercial, el número es mayor: se iniciaron 301 de estos expedientes durante 2013. Sin embargo, los especialistas consideran que las estadísticas de la Cámara son más útiles para el análisis, ya que reflejan aquellas causas que se encuentran avanzadas.
Si bien el número no llega a los 373 sorteados en 2009, ni tampoco a los niveles previos y posteriores a la caída de la convertibilidad, la tendencia creciente de los últimos dos años preocupa a los profesionales del derecho y las ciencias económicas vinculados a estos procesos.
Mario Holand, ex presidente del Colegio de Abogados de Rosario, planteó una mirada de mediano plazo: “Durante los años 90 hubo una curva ascendente. Entre 2003 y 2005, hay un escenario distinto; cae la proliferación de los expedientes concursales, de la mano de un mejoramiento general de la economía”.
Sin embargo, advirtió sobre “un repunte en los últimos dos años”, que constituye “un síntoma de deterioro de la economía”.
En efecto, la relación entre la situación económica y la cantidad de concursos y quiebras no es lineal, pero existe: “Cuando escasean las líneas de crédito, es difícil acceder a la compra de ciertas mercaderías para soportar el ritmo normal del comercio, no se cuenta con el ingreso suficiente para sostener el gasto cotidiano, el costo laboral, la reinversión, se está en una situación que es producto de una coyuntura económica determinada”, aseguró Holand.
Para la contadora Julieta Rainoldi, integrante del estudio Rainoldi & Zelada, “los números muestran la baja del poder adquisitivo de los asalariados, como consecuencia de la inflación”. Afirmó que ese es “uno de los elementos más preocupantes de este año, más allá de la cantidad de concursos y quiebras”.
Grandes y pequeños. A pesar de que los expedientes protagonizados por personas físicas representan una clara mayoría frente a los relacionados con las jurídicas (212 contra 58), en 2013 se produjeron concursos y quiebras con resonancia en el mundo empresario local.
En el sector agropecuario, se destacaron el concurso preventivo del acopio Ganagro, con una deuda de 80 millones de pesos, y la quiebra del fabricante de alimentos balanceados Algran SRL.
En la industria, resaltaron la quiebra de Trechel, en camino de constituirse en una cooperativa dirigida por los trabajadores de la firma, y de Carrocerías Sudamericanas, una de las principales armadoras de colectivos del país.
En el sector servicios, se produjeron las quiebras de la sociedad Avril Gastronomía, a cargo de la marca de la empresa de catering Poet, por una deuda de 4 millones de pesos; y de proveedoras de empresas de telecomunicaciones, como Ingrocom y Nets, abocadas a la ampliación y mantenimiento de las redes de Telecom. También ingresó en concurso preventivo la empresa Derkolor, distribuidora de los productos de perfumería Silkey, con una deuda de 5 millones de pesos.
Por su lado, y aunque el 90% de las quiebras de personas físicas corresponden a consumidores, también se incluyen las de hombres de negocios o titulares de empresas. Es el caso del empresario Gustavo Shanahan, quien entró en quiebra por pedido de la conducción de Los Pasos del Jockey, emprendimiento inmobiliario que el ex gerenciador de Terminal Puerto Rosario administró hasta 2011.
No obstante, la contadora María Soledad Zelada, también miembro del estudio Rainoldi & Zelada, subrayó que “la gran masa de procesos es de personas físicas, específicamente quiebras de consumo: empleados públicos y privados que sacan líneas de crédito y se endeudan con tarjetas”. Luego “presentan su propia quiebra, les embargan el 20% del sueldo, al año se rehabilitan y se les licuó el pasivo”.
De acuerdo al abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Golber y Asociados, se trata de “quiebras donde la misma presentación es antieconómica”, ya que “en este tipo de presentaciones no existen activos, no hay ni un vehículo ni un inmueble”.
Sostuvo que “no alcanzan ni siquiera a cubrir las costas de los procesos, mucho menos a enfrentar el pasivo que han generado”, y que “la ley de concursos y quiebras debería contemplar esas circunstancias”.
Perspectivas 2014. María Soledad Zelada, también miembro del Instituto de Materia Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, proyectó un escenario complejo: “Las limitaciones de la inflación, las próximas paritarias, el hecho de que las compañías se enfrentan a costos en dólar blue y ventas a dólar oficial, complican la rentabilidad de las empresas”.
La misma tendencia se prevé para el caso de las personas físicas: “En una primera instancia, baja el nivel adquisitivo porque la inflación supera el aumento que logran los asalariados por paritarias. Pero la gente no baja su nivel de vida, y eso lleva muchas veces a un endeudamiento importante, hasta que llega el momento en que no se puede sostener ni el nivel de vida ni hacer frente a las obligaciones”, aseveró Zelada.
En este contexto, ratificó Tjor, “no hay ningún elemento que permita decir que la cantidad de concursos y quiebras vaya a disminuir, tanto a nivel personas físicas como jurídicas”.