El caso de corrupción global de Siemens también tuvo un capítulo argentino. En 1998 el gobierno de Carlos Menem firmó con esa empresa alemana un contrato para la confección de los DNI por unos 1.200 millones de dólares. Para conseguir el trabajo Siemens admitió haber pagado sobornos durante el gobierno de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. En el primer caso para sellar el acuerdo y en el segundo para reactivarlo porque estaba suspendido por denuncias de corrupción.
De acuerdo a una auditoría interna que encargó la propia empresa alemana habría quedado establecido que Menem recibió 16 millones de dólares en sobornos, Carlos Corach (ex ministro de Interior) 9,7 millones de dólares y Hugo Franco (ex director de Migraciones) otros 9,7 millones de dólares. También hubo coimas para funcionarios de menor jerarquía y para los negociadores del contrato. En realidad, Siemens había prometido el pago de 106 millones de dólares en sobornos pero sólo habría materializado unos 40 millones.
El 15 de diciembre de 2008, la empresa admitió ante la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos haber empleado prácticas corruptas en todo el mundo y haber destinado unos 1.400 millones de dólares para sobornar a funcionarios en más de cuatro mil operaciones ilegales que figuraban en su contabilidad como “gasto útil”, una práctica no penada hasta hace pocos años en Alemania.
Siemens estaba siendo presionada en Estados Unidos con ser retirada de la bolsa de valores y trabada en negocios millonarios en ese país debido a sus prácticas corruptas, por lo que acordó con la Justicia pagar una multa de nada menos que de 800 millones de dólares para redimir sus pecados.
La autoinvestigación que hizo Siemens se la encargó a la auditoría internacional Debevoise & Plimpton, la que a lo largo de dos años de trabajo, 1.750 entrevistas personales, el análisis de 82 millones de documentos electrónicos y 10 millones de cuentas bancarias, entre otros archivos, detectó las prácticas ilegales de la empresa alemana.
“Lamentamos lo que ha ocurrido en el pasado, hemos aprendido de él y tomado las medidas apropiadas. Siemens es hoy una fuerte compañía”, dijo Meter Löscher, presidente y Ceo del consorcio alemán tras el acuerdo en Estados Unidos. Pocos días después y antes de la Navidad de 2008, Siemens Argentina publicó una solicitada en los principales diarios del país bajo el título “Sentimos mucho lo sucedido” donde reconoció “fallas en los niveles de conducción y supervisión” y haber pagado coimas a funcionarios de los gobiernos de Menem y De la Rúa.
Los alemanes lavaron sus culpas con una multa millonaria, pero en los países donde sobornaron a funcionarios, como en la Argentina, las causas judiciales siguen aún abiertas.

No es la única. Ferrostaal y Siemens no son las únicas empresas que utilizan los “gastos útiles” para conseguir contratos. Esta semana, la Justicia embargó por 25 millones de pesos a Armando Gostanián, ex titular de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Menem. Es por una causa donde se investiga el pago de sobornos de la empresa alemana Atlantic Zeiser, proveedora de maquinaria para ese organismo estatal. Se sospecha que Gostanián recibió 1,5 millón de marcos alemanes (aún no había nacido el euro) por rubricar un contrato. La medida la tomó Ariel Lijo, el mismo juez que investiga a Ferrostaal y a Siemens.
Pero las empresas alemanas no tienen la “exclusividad” del pago de coimas para ganar contratos, en una relación de ida y vuelta porque para que haya una empresa que soborna es necesario encontrar funcionarios sobornables. En la década de los 90 uno de los mayores actos de corrupción durante el menemismo fue el negocio entre la norteamericana IBM y el Banco Nación para informatizar 525 sucursales en todo el país por unos 250 millones de pesos. Por ese contrato se pagaron unos 21 millones de dólares en coimas y la Justicia, tras la confesión de sus autores, logró recuperar unos 18 millones de pesos para el Estado nacional. J.L.