El vicepresidente Amado Boudou afirmó que hay sectores políticos que se "la tienen jurada" por haber impulsado la nacionalización de las AFJP, al tiempo que relativizó las denuncias del testigo José Capdevila, al indicar que es "muy llamativo" que en la causa Ciccone "dos años después" quienes ya declararon en la investigación se muestren "asustados". En paralelo, dos diputadas nacionales denunciaron una "operación en marcha" para apartar al juez federal Ariel Lijo de la causa.
"Es muy llamativo que aparecen en esta causa, siempre dos años después, testigos asustados por que alguien los amenaza. Pasó con la familia Ciccone, pasó con Capdevila. Es gente que tiene un susto de efecto residual o demorado", afirmó Boudou.
El vicepresidente afirmó que fue "un brazo ejecutor de políticas públicas que fueron a favor de los más débiles y de las mayorías". Subrayó que "algunos te dicen no te pelees con la prensa o no seas boludo y hacele un guiño a este o aquel", pero agregó: "Mi único compromiso político es con la presidenta (Cristina Kirchner) y con las ideas en que uno cree, que son las que tienen que ver con un país con crecimiento e inclusión social".
Sobre el testigo Capdevila, quien afirmó que se fue del país tras recibir amenazas, indicó que "era un funcionario del Ministerio de Economía, que, cuando llegó el pedido de la Afip para evaluar la posibilidad de un plan de facilidades de pago de la empresa Ciccone, elaboró un dictamen". En ese texto señaló que el entonces ministro "tenía que contestar cuáles eran las políticas generales del gobierno, pero no podía" intervenir "en la cuestión de dar o no el plan (de facilidades), pero sí podía pedir que se sustancie".
"Después elaboramos la nota respuesta, que está firmada por Capdevila. La firma principal es la mía pero Capdevila visó la nota y la firmó. Finalmente el plan no se concedió y yo no pedí que le dieran un plan especial. Luego de eso, Capdevila declaró ante la Justicia como testigo por esa nota y dijo que estaba bien lo que había contestado en ella, que el dictamen estaba hecho en base a la ley y la nota también", puntualizó.
Sobre la denuncia de amenazas, consideró: "A uno lo que le gustaría pensar es que fue un acto de delirio de esta persona y dijo cualquier cosa". "Puede ser por notoriedad, puede ser porque lo hayan interesado de algún lugar. Si realmente hubo amenazas, es grave y hay que investigar. En este país las mafias siempre han estado vinculadas a negocios y grupos de negocios, y no al Estado. Así, hay que ver desde qué mafia lo quisieron intimidar, si es que esto fue así", subrayó.
Operación en marcha. Mientras tanto, las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso denunciaron una "operación en marcha" para apartar al juez Lijo de la causa. Durante toda la jornada de ayer, en ámbitos políticos y tribunalicios, corrieron rumores en torno a una eventual decisión de la Cámara Federal para apartar a Lijo, pero fueron las diputadas de Unión PRO Bullrich y Alonso las que en un comunicado expusieron y denunciaron "la maniobra", según dijeron.
"Quieren hacer del juez Lijo un nuevo Campagnoli", sostuvieron las legisladores en alusión al fiscal de Saavedra José María Campagnoli, apartado de su cargo en diciembre pasado en el marco de un Jury iniciado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Campagnoli será sometido en junio a un juicio político, acusado de haberse inmiscuido en una causa que salpica al empresario Lázaro Báez.
Lijo tiene que decidir un planteo formulado por el fiscal Jorge Di Lello para llamar a indagatoria no solo al vicepresidente sino también a otros implicados en la causa, entre los cuales figura el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hace dos semanas un recurso de la defensa de Boudou para que la causa quedara en la nada por entender que no estaba claro de qué se acusaba al entonces ministro de Economía.
La defensa de Boudou, en tanto, aguarda la resolución de la Cámara cuestionando que los integrantes de la familia Ciccone hayan sido convocados a la causa como testigos, en vez de haber sido escuchados en una indagatoria como supuestos partícipes de los eventuales delitos. En ese sentido, Di Lello se opuso a que los Ciccone hubieran sido escuchados como testigos, pero el juez Lijo dejó planteada la controversia y avanzó con las declaraciones.