La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuestionó ayer la situación del sistema penitenciario argentino y reclamó al gobierno "generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de libertad" y, entre ellas, de "quienes pertenecen a los sectores sociales más vulnerables".

Los obispos se pronunciaron así durante la 110ª Asamblea Plenaria que giró en torno a la situación carcelaria en el país y en la que llamó a "concretar y profundizar más políticas de inclusión" para tratar la problemática de la delincuencia ya que -advirtieron- "no alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles".

Al respecto, la CEA repaso detalladamente los problemas principales del sistema penal del país, entre los que mencionó la "inadmisible la existencia de celdas de aislamiento total dentro de las prisiones" y la "sobrepoblación existente hoy en la mayoría de las cárceles". De este último problema, los obispos advirtieron que se desprenden otros, como "presos sin condenas", "ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención", la existencia de "personas a las que se le debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel" y de "personas con problemas de drogas". En su pronunciamiento, la CEA consideró "fundamental" establecer "una política coherente de recursos humanos", debido a que las personas que trabajan en las cárceles "son protagonistas centrales del tratamiento penitenciario". Advirtieron que en su tarea, "se deben cuidar algunos aspectos que hacen a la calidad de vida del personal penitenciario: salario digno, vivienda, formación permanente, cobertura social y apoyo psicológico y espiritual".