La Constitución otorga al Estado la administración del tesoro público con el omnímodo poder que ello trae implícito. Pero el augusto documento no dice que el Estado monopolice el uso del erario público para imponer una idea política propia o de quienes usufructúen ese monopolio: proseguir gobernando con el presupuesto anterior sin darle participación a la única oposición que tenemos, extraerle fondos de bajísimo interés a los jubilados de Anses impidiendo que sus propios directivos coloquen esos fondos a intereses más ventajosos, implantar subsidios que benefician desproporcionadamente a la ciudad de Buenos Aires con su conurbano y ciudades que ostenten el signo político del gobierno, no devolver en tiempo ni en cantidad las coparticipaciones retenidas a las provincias, mantener desinformada a la opinión pública sobre las extraordinarias cifras entregadas a organizaciones no gubernamentales de ayuda social sin que éstas rindan cuentas de lo actuado, adjudicar miles de millones de pesos para salvar el crónico déficit de la aerolínea de bandera o subsidiar sin retorno la televisación de torneos deportivos, intentar demostrar con mentirosas estadísticas la inexistencia de una real inflación, ignorar los montos actualizados del dinero que se otorga a cada área de gobierno: Educación, Salud, Defensa, Justicia, investigación tecnocientífica, ayuda social, impedir que el propio pueblo conozca mensualmente la devaluación de su capital o ingreso, proporcionar a ese mismo pueblo la sensación que el manejo de la cosa pública no es todo lo correcto que debiera ser no son precisamente ejemplos de una administración eficiente. Son todos elementos de increíble importancia para un país que está avanzando rápidamente hacia un venturoso destino. Por consiguiente pugnemos fuertemente para que el gobierno central no monopolice el manejo de un dinero que pertenece a todos. Ese mismo gobierno debe informar cuidadosamente cómo actuará para cumplir todas las promesas efectuadas al pueblo.

Rubén Mario Baremberg,

DNI. 6.012.531