Los juicios orales y públicos, de las salas de audiencias al living del hogar

Con la implementación del juicio oral y público en la Justicia santafesina desembarcará en la provincia un debate que no es nuevo allí donde la modalidad ya está vigente. La posibilidad -o la restricción- de televisar las audiencias en directo generará polémicas tan grandes como la brecha que separa a dos de los actores en conflicto: la prensa y el Poder Judicial, y sus racionalidades a veces tan opuestas que no parecen emanar de la misma sociedad que las alumbra.

Y esa polémica se aviva a sabiendas de que, posiblemente antes de fin de año, se instrumenten en Rosario dos juicios en los cuales se expondrán otros tantos casos de alta resonancia pública: el trágico ataque a balazos contra los micros de la hinchada de Newell's Old Boys ocurrido el 4 de febrero de 2010 en el ingreso a la ciudad por la autopista Rosario-Buenos Aires, hecho en el que murió el chico Walter Cáceres; y el homicidio de Roberto Pimpi Camino, otrora líder de la barra brava leprosa, fulminado a tiros frente a un bar de Servando Bayo al 1400 el 19 de marzo del mismo año.

En líneas generales, los especialistas coinciden en los pros y contras de la televisación de ese tipo de juicios. A favor juega la transparencia que la transmisión en directo le brindaría a la administración de justicia. Entre las objeciones, en tanto, aparecen el avance contra la intimidad de los protagonistas de los "dramas" penales, la sobreactuación de funcionarios y testigos, y -en el sentido más técnico- la contradicción de hacer públicas las declaraciones que quienes testimonian no deben conocer al momento de comparecer.

Como sea, la antinomia más grande pasa por un choque de racionalidades a priori incompatibles: los medios privilegian cada vez más la inmediatez de la información -aun a costa de ella- mientras que la Justicia requiere tiempo para ser justa. En esta línea, otra postura afirma que la publicidad de un juicio no tiene por qué viabilizarse a través de una cámara de televisión mientras las puertas de los recintos judiciales estén abiertas.

Como sea, y mientras quedan detalles para limar al respecto en Santa Fe, se prevé que cada tribunal decidirá en cada caso en particular autorizar o no la televisación de un juicio.

Desinterés público. Para abordar el tema, La Capital consultó a un juez, a un abogado penalista y a un periodista de casos judiciales que desde hace tiempo vienen pensando sobre este tema para que aporten su mirada. En principio, y más allá de cualquier polémica, coinciden en que el escaso interés que despiertan los juicios orales y públicos en la comunidad no les daría el rating necesario que ameritaría su televisación, ya que no suelen concurrir más que algunos familiares de las víctimas o de los imputados mechados con docentes o estudiantes de derecho.

"En una república -dice Víctor Corvalán, penalista y docente de la UNR- la publicidad es inherente al juicio y eso es una conquista lograda contra la inquisición, cuando todo era secreto porque no se controlaba a quien ejercía el poder. Pero con el advenimiento del Estado, los juicios deben ser públicos y sólo la instrucción debe ser reservada a los fines del éxito en la investigación. No obstante, usualmente la presencia de la comunidad es muy limitada".

"La gente no participa, no se ve que le interese", dice con cierto desencanto el juez de Sentencia Nº 8, Carlos Carbone. "En general, los juicios orales son aburridos para el público", coincide el periodista porteño Héctor Ruiz Núñez para quien, salvo casos muy mediáticos o de tragedias masivas como Cromañón, "a veces ni van los familiares de los imputados: hoy podrían hacerse en una sala de tres por tres".

Virginidad televisiva. Pero más allá de este desinterés general que alejaría a los juicios de los prime time televisivos, la transmisión en directo no ha prosperado más allá de algunos casos puntuales. Ni siquiera en Estados Unidos, algo así como la capital de los juicios públicos y por jurados. "Alguien pensaría que, con tanta tradición, allá se televisa en directo -explica Carbone- pero no es así, hay restricciones. En algunos Estados está directamente prohibido, en otros lo decide la Corte Suprema estatal según el caso. Incluso es frecuente que si es de gran trascendencia el juez advierta al jurado que se abstenga de seguir el juicio por la prensa".

  Es que la televisación en directo de los juicios orales y públicos ha demostrado algunas cosas positivas y otras negativas. “Cuando en el caso María Soledad Morales, la transmisión en vivo de las audiencias sirvió para ver cómo un juez le hacía señas a otro para influir en su voto, eso pudo tomarse como un ejemplo de control y transparencia del proceso. Pero por otro lado está la contaminación de los testigos o peritos que, por regla, al momento de comparecer no deben saber qué han declarado los demás protagonistas del proceso. ¿Cómo evitar eso si se transmite en vivo?”, se pregunta el juez Carbone. Y él mismo responde parafraseando al semiólogo Umberto Eco, “que no deja que lo filmen dando clases para preservar la virginidad televisiva del espacio académico. La tevé debe tener barreras, no puede entrar en todos lados”.

  Otro argumento en ese sentido tiene que ver con la televisación de un drama que, más allá del interés público que puede concitar, también va en contra de la intimidad de las víctimas o testigos del hecho que se expone en las salas de audiencias.

  Entre las contras también se anotan cuestiones relacionadas con los “cinco minutos de fama” que la tele suele dispensar a quienes se exponen a su mirada. “Por una parte, la televisación democratiza el proceso de administración de justicia, favorece su divulgación. Pero al mismo tiempo puede haber una sobreactuación de los fiscales y defensores. Y también los testigos tienden a decir lo que quieren escuchar de ellos”, apunta Ruiz Núñez.

Dos mundos. Al analizar la posibilidad de televisar los juicios orales y públicos en la provincia no se puede esquivar las incompatibilidades entre la Justicia y el periodismo. “La prensa tiene sus necesidades inmediatas sobre algunos casos, pero suele pasar que ese interés mediático se diluye a medida que avanza el proceso. Y cuando está por resolverse, y entonces sí se puede saber si el tipo que salió en los medios esposado como culpable lo es o no, ya casi no hay interés de la prensa porque eso carece de la inmediatez”, grafica Carbone, y sentencia: “No puede haber una respuesta tan inmediata de parte de la Justicia como lo requiere la prensa”.

  “Son dos lógicas distintas, el análisis del periodismo simplifica cuestiones. El problema es cuando desde los medios se instala una verdad distinta. Hoy asistimos al uso de la criminalidad como elemento para entretener y no para informar, y eso es grave. Se la utiliza para el consumo porque es un show muy barato que sólo requiere una cámara, un movilero y los actores son gratis. Eso distorsiona el relato de lo ocurrido, que se tiene que construir en la sala de audiencia y no en el noticiero”, agrega Corvalán, mientras pide “parar la pelota con la criminalización mediática. Ahora los medios se ocupan de la inseguridad y parece que hubiera más que nunca aunque no es así: en el siglo XVIII la vida era más insegura, pero nadie se enteraba”, porque no había medios.

Transparencia. Con sus reservas para la transmisión en vivo, Ruiz Núñez se permite escuchar a su “corazoncito librepensador” para el cual “siempre es mejor la apertura” y la transparencia. “Si tuviera que optar irremediablemente, votaría por la transmisión, aunque analizando caso por caso”, sostiene el periodista en sintonía con lo que ocurre en la actualidad y se prevé que pasará en la provincia de Santa Fe.

  Por otra parte, Víctor Corvalán opina que “el control por parte del pueblo no necesita de una cámara de televisión”. En esa línea, Carbone sostiene que la transparencia de los actos del Poder Judicial “no pasa por la televisación en directo sino por la presencia del público y por los distintos roles que hay en un juicio, como los fiscales, defensores o querellantes. Ese mismo espacio habilitado para la publicidad, en un juicio, también tiene que servir a la eficacia del proceso y para resguardar la intimidad de los protagonistas”.

Ejemplos paradigmáticos

Hay dos antiguos juicios orales y públicos que suelen tomarse como paradigmas para hablar de la televisación de este tipo de procesos. Uno de ellos es el que determinó, en 1995 en los Estados Unidos, la inocencia de la estrella del fútbol americano O.J. Simpson respecto del crimen de su esposa. Y a nivel nacional suele citarse como ejemplo el juicio por el asesinato de la adolescente María Soledad Morales, que en 1996 se transmitió en vivo desde Catamarca.

  En ambos la televisación desempeñó roles protagónicos. En el caso catamarqueño fue una cámara de TV la que reveló cómo el presidente del tribunal le hacía señas a otro juez para influir en su voto. El escándalo derivó en la anulación del proceso y la realización de un nuevo juicio con otras autoridades.

  “La gente a veces está ávida de opinar ante la prensa. Pero cuando debe ratificar eso ante la Justicia, con el juramento de decir la verdad de por medio, no siempre lo hace. El valor de la palabra en los medios no es el mismo que en el plano judicial”, considera el juez Carlos Carbone.

  “En el caso María Soledad —dice el periodista Héctor Ruiz Núñez— se comprobó que muchos testigos actuaron para las cámaras y modificaron lo declarado durante la instrucción de la causa. Pensaban más en lo que quería escuchar la audiencia, porque los haría más populares”.

  Para Ruiz Núñez, lo mismo pasó en el juicio a O.J. Simpson: “Se vieron comportamientos bastante curiosos de testigos que sabían que eran televisados. El juez conocido por la grosería de sus modos con abogados y fiscales se comportó como una niña, mientras fiscales y defensores contrataron asesores de imagen”.