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Los irrisorios números de las concesiones en la costa central

Quien explota los bares y restaurantes ubicados en la costa central, desde Presidente Roca hasta Dorrego, está lejos de sufrir los efectos de la devaluación.

Jueves 30 de Enero de 2014

Un cálculo que está al alcance de todos permite deducir que el complejo parque de España, concesión otorgada por la Municipalidad en la costa central y muy cuestionada por el arco político opositor en los últimos días, paga la suma de 200.960 pesos al año de canon y de amortización de obra realizada por la explotación y uso de ese espacio publico. En el lugar hay negocios con alta rentabilidad que podrían obtener esa suma en pocas horas, como una parrilla, dos bares, un gimnasio, un salón de fiestas y una playa de estacionamiento. Y lo más importante: el efecto devaluación está lejos de sentirse.

A raíz de una nota de La Capital donde se dio cuenta de que el gimnasio ubicado sobre esa zona de la costa central utiliza la plaza de juegos de los niños para dictar clases de gimnasia, volvieron a salir a la luz los cuestionamientos a las condiciones de la concesión de un área considerada privilegiada.

De acuerdo a las cifras oficiales, el concesionario es una sociedad de hecho conformada por "PR Emprendimientos y Servicios". Comenzó las actividades en junio de 2003 y tiene contrato de explotación por 15 años más 5 de prórroga (vence en junio de 2018). Paga un canon total mensual de 10.080,85 pesos por todas las unidades de negocio (parrilla Don Ferro, bar Flora, gimnasio The Planet, salón de fiestas y playa de estacionamiento), recostados sobre la barranca del Paraná, entre España y Presidente Roca.

Una variable que el municipio siempre puso como fundamento de esa exigua renta fue la inversión y el mantenimiento: la primera, según cifras oficiales, es de 1.600.000, y la segunda no está clara, ya que a pesar de innumerables pedidos de informes del Concejo Municipal nunca se especificó desde el Palacio de los Leones.

Teniendo en cuenta los números conocidos, se deduce que por todo concepto, el concesionario desembolsa una cifra anual de 200.096 pesos, que resulta de dividir la inversión por los años de concesión (15 más 5), sumando el canon. Un rubro que se debería contemplar es el de mantenimiento del espacio, pero como se dijo más arriba, nunca se dio a conocer.

En definitiva, esos datos son los que permanentemente reprocha la oposición política al oficialismo socialista que gobierna la ciudad: que revise y renegocie los contratos de concesión de espacios públicos que tienen cánones exiguos —en el marco la situación económica— por lugares de privilegio.

Además, desde el Concejo se intenta impregnar de transparencia a las licitaciones. Y se batalla contra las alianzas oficialistas para aprobar una ordenanza por la cual se exige la obligación de que todos los contratos de concesión deben pasar el tamiz del debate parlamentario previo a la autorización el Ejecutivo.

Bajo sospecha. El concejal Jorge Boasso (UCR) es uno de los que hace tiempo viene promoviendo los debates en torno a la polémica licitación. "La Municipalidad nunca hizo un estudio serio para acreditar la inversión, la amortización y la rentabilidad; y por eso surge la cifra exigua que pagan. El Ejecutivo intenta salvar la situación diciendo que le hacen pagar el mantenimiento del parque", remarcó.

Además, analizó las consecuencias institucionales que acarrea el caso. "Las concesiones deben ser claras y transparentes, que no dejen margen para la duda. En este caso, y con razón, cualquiera puede sospechar que estuvo impregnada de un acto de corrupción", enfatizó.

Y volvió sobre uno de los aspectos más ásperos del contrato: el porcentaje que se utiliza para calcular el canon. "Primero tenía que pagar el 7 por ciento de la facturación, pero luego se modificó al 7 por mil con una circular, en un clara desprolijidad que incluso motivó la separación de los funcionarios que participaron de ese acto administrativo" (ver aparte), recordó Boasso.

"Esto genera un perjuicio económico a todos los rosarinos de más de 10 millones de pesos, que es lo que hubiera percibido la Municipalidad de haber estipulado el 7 por ciento", sostuvo el edil. Quien además apuntala el proyecto por el cual las concesiones y permisos de uso de espacios públicos deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

"Desde el bloque radical venimos señalando que existen falencias en las áreas de control y sobre esto también se deben introducir fuertes reformas, de manera de garantizar que lo que se exige en un pliego se cumpla", estimó.

Finalmente, Boasso volvió a insistir en que "se ajusten o se revoquen los cánones" que están desactualizados. Todo indica que la polémica seguirá creciendo.

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