Las protestas de las últimas semanas llevaron al Congreso brasileño a votar en carácter de emergencia una serie de proyectos que "dormían" desde hace meses en la sede del Poder Legislativo, en Brasilia, en una maratónica y trasnochada jornada en que los parlamentarios atendieron asuntos clave de la "agenda popular". La "votación express" constituye la victoria más palpable alcanzada por "la voz de la calles", como llamó la presidenta Dilma Rousseff a las demandas populares que comenzaron con una protesta contra el alza de la tarifa de transporte público en San Pablo y se registran en todo el país hasta el día de hoy.
Entre las medidas aprobadas entre la noche del martes y la mañana de ayer, algunas de las cuales deben ser ratificadas en otras instancias de votación, están la asignación del 75 por ciento de las regalías del petróleo a la educación y el 25 por ciento restante a la salud; el rechazo al proyecto de enmienda constitucional "PEC 37", que restringía los poderes de investigación del Ministerio Público (Fiscalía); y el fin al voto secreto cuando los legisladores estén decidiendo la destitución o no de senadores y diputados acusados de diversos delitos, entre ellos casos de corrupción. En cuanto a una de las más sonadas críticas de las calles, vinculada a los millonarios y poco transparentes gastos del gobierno para la realización de la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014, la Cámara baja rechazó una norma que permitía la transferencia de 43 millones de reales (unos 20 millones de dólares) para uso de la FIFA durante el Mundial en el área de telecomunicaciones.
Clamor de la calle. En general, todos los proyectos, enmiendas y normativas que fueron aprobados o rechazados por los diputados a lo largo de la madrugada de ayer atienden directamente a la demandas populares, que envuelven críticas a la corrupción y reclamos de más recursos para la salud, vivienda, seguridad, educación y transporte público. La propuesta de enmienda constitucional, conocida popularmente como PEC 37, fue uno de los blancos predilectos de los manifestantes que por millares tomaron las calles de ciudades grandes y pequeñas de Brasil con rótulos de "Diga no a PEC 37", por considerar que debilitaba el combate a la corrupción al impedir que fiscales del Ministerio Público investigaran casos criminales.
El Senado nacional no se quedó atrás en lo que a "escuchar la voz de las calles" se refiere. Aprobó anoche un proyecto de ley que define a la corrupción como un delito grave, tal como demandan los millares de manifestantes. El proyecto aprobado por los senadores coloca dentro de los crímenes más graves la corrupción activa y pasiva, entre otros. Las penas previstas a partir de la nueva legislación van de un mínimo de cuatro años de prisión hasta 12 años. La corrupción ha sido una de las reivindicaciones más demandadas durante las protestas en decenas de ciudades brasileñas.
El presidente de la institución, Renan Calheiros, anunció que está dispuesto a suspender el habitual receso parlamentario de julio hasta que sean votadas una serie de propuestas que están relacionadas con el "gran pacto nacional" que propuso la presidenta Dilma Rousseff para salir de la peor crisis social que atraviesa su gobierno. Se trata de unos diez proyectos que deberán ser analizados por los senadores en los próximos 15 días, los cuales también contemplan los temas más reivindicados por la población.
Calheiros y el presidente de la Cámara baja, Henrique Eduardo Alves, apoyaron a la mandataria en su idea de convocar a un plebiscito para impulsar una reforma política destinada a alterar la legislación electoral y partidaria, y, eventualmente, párrafos de la Constitución vinculados con la organización política del país. En un espaldarazo al origen de las protestas, el aumento de las tarifas de transporte público, Calheiros presentó un proyecto de su autoría que crea un "pase libre" de autobús para estudiantes inscriptos en instituciones de enseñanza que frecuenten regularmente.
Entre rejas. En tanto, la Corte Suprema ordenó ayer la prisión del diputado Natan Donadon, condenado en 2010 por peculado (malversación de fondos públicos), la primera para un parlamentario en funciones ordenada por el máximo tribunal desde la promulgación de la Constitución en 1988. Donadon, del Partido de Movimiento Democrático (PMDB), que integra la coalición del gobierno, fue condenado en 2010 a 13 años de cárcel, y ayer el plenario de la corte decidió "la expedición de su mandato de prisión", acabados los recursos del caso, añadió. Donadon fue sentenciado por asociación para delinquir y peculado, cuando era director financiero del Parlamento regional del Estado de Rondonia y habría desviado recursos por medio de la simulación de un contrato de publicidad.