Los golpistas imaginarios

El disparate de la política quedó expresado esta semana en boca de dos chaqueños. Elisa Carrió, con su rencor destructivo, y Jorge Capitanich, con sus admoniciones antidemocráticas, se subieron a lo máximo del podio del desprecio por las opiniones divergentes y, sobre todo, al desconocimiento de lo que una república democrática implica. En distintos grados, es cierto. Pero con el mismo espíritu.

La diputada nacional Carrió es una mujer de una formación intelectual envidiable. Este mismo cronista supo admirar su modo de interpretar la coyuntura de los años 90 y saludar su coraje para enfrentar los permanentes intentos de los dirigentes (y de un amplio sector de la sociedad) que quería resolver las eternas crisis sociales y económicas dando poder concentrado al iluminado de turno. Por sólo poner un ejemplo, fue memorable aquella sesión de la Cámara de Diputados en donde reclamaba oponerse a los superpoderes para Domingo Cavallo, convocado por Fernando De la Rúa y Chacho Álvarez, ante la complacencia de muchos de sus colegas que creían en la necesidad de un “papá político fuerte”, algunos de ellos funcionarios del gobierno de hoy. Y hubo más. Sin embargo, Lilita ya había roto con el radicalismo, ya forjaba su ruptura con el ARI, partido que había fundado, rompería más tarde con el Acuerdo Cívico y Social para llegar a nuestros días con la dinamita dejada en la puerta del Frente Amplio Unen. Todo un símbolo de sí misma.

Carrió ha demostrado a lo largo de su actuación política que no cree en nada más que sus opiniones e ideas. Algunas, por cierto, muy buenas. Pero todas abrazadas por la convicción superior, como una especie de derecho natural indiscutible de espíritu “Lilista”, de que si no se coincide con ella, se merece el desprecio. Eso se llama egolatría autoritaria. El exceso de ego admite un reproche privado desde la psicología. El autoritarismo, en cambio, el repudio desde lo público e institucional.

Por estos días bordeó el mal gusto. En medio de un discurso de justificada preocupación por el avance narco en la Argentina, estigmatizó la discapacidad de un brazo del gobernador Scioli olvidando que muchos la defendíamos cuando era “acusada” de gorda o loca. Se montó en el desprecio machista de criticar a un dirigente por estar casado con lo que ella denomina “gato”, descalificó a su otrora adorado Pino Solanas por tener más de 80 años e invadió la privacidad más elemental deseando rinoscopias a sus adversarios. Y todo, jugando a hacerle un guiño cómplice a los que hoy la apoyan (la adulan con dogmatismo) sentados en una tribuna lábil que supo despreciar a dirigentes y pensadores honestos como Diana Maffia, Mario Cafiero, Susana García, Alicia Gutiérrez, Adrián Pérez y tantos más que supieron respetarse y dejaron de acompañarla. A ellos habría que preguntarle qué es el ego de Carrió a la hora de hacer política.

Lilita invocó una especie de autoproclamada misión designada por el más allá para triturar toda posibilidad de pensar colectivamente asimilando las diferencias. Apeló a ese inexistente derecho natural superior que la tiene como mesías.

Jorge Capitanich cree que es golpismo que un juez pida informes sobre una empresa que administra hoteles incluido el de la presidente. Con su tradicional y tedioso barroquismo de adjetivos definió esa actuación judicial como insurreccional, apriete, operación mediática, desestabilizadora y vaya saberse con cuánto calificativo más. No hay dudas que el jefe de gabinete tiene debilidad por el diccionario de sinónimos. Ya se sabe que la actividad hotelera es una de las preferidas para el lavado de dinero. Se fraguan cuartos ocupados que jamás pisa nadie para generar supuestos ingresos en la empresas de alojamiento. Este dinero nunca pagado por los huéspedes ficticios es ingresado por el dueño del negocio ilegal (drogas, coimas de obras públicas, etc.) al sistema “blanco” y justificado así por sus poseedores.

Hotesur es la empresa que administra muchos hoteles en la Patagonia. La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial de la Inspección General de Justicia registra serios problemas como ausencia de balances de los últimos años y el pago de las tasas, declaraciones juradas de actualización de datos vencidas y no inscripción del cambio de su sede social, entre otras anomalías. Ante eso, el juez Claudio Bonadío dispuso el allanamiento en la sede empresarial.

Capitanich se queja por el procedimiento arguyendo que bien podría haberse hecho un requerimiento a Hotesur y evitar la presencia de oficiales de justicia y policías. Es tan cierto y efectivo lo que él dice como lo es espiar en una casa y tocarle timbre a su dueño. Sin embargo lo peor es que se agravie porque el Estado se ocupe de investigar si alguien evade impuestos o cumple con sus obligaciones tributarias. Ricardo Etchegaray ha de estar muy contento.

Supongamos que el juez haya cometido un exceso, ¿es eso golpismo? ¿Lo dice el mismo funcionario que dispone discrecionalmente de millones de fondo públicos con sólo firmar un decreto basado en una delegación de facultades violatoria de la división de poderes y asigna de un plumazo en esta semana, para apenas graficar, 200 millones de pesos a Fútbol para Todos destinados a los mismos clubes que aumentan su rojo a base de corrupción incontrolada? Capitanich es un hombre inteligente. Y la inteligencia no admite la demagogia insustancial de su dialéctica.

Un viejo luchador por los derechos humanos en tiempos duros presentó una denuncia por sedición contra los senadores que firmaron su negativa a nombrar al reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema. Es cierto que es una torpeza negarse a considerar el pliego que legítimamente puede proponer la doctora Kirchner. En todo caso, deberían oponerse si el postulado no reúne las calidades del caso. Así, suena a oposición pava. Pero que Eduardo Barcesat vea en esto un acto de levantamiento contra la República es, cuanto menos, exagerado. El peligro institucional aparece cuando Norma Bustos es asesinada por una banda en Rosario por denunciar el narcotráfico y el gobierno provincial queda, otra vez, descolocado ante ese espantoso homicidio y el resto de las fuerzas políticas nacionales y locales no declina la mezquindad de la pelea electoral para pedir, todos juntos, a los cuatro vientos y de forma indisoluble, justicia.