Poco más de tres meses duró el singular decreto 962 que limitaba el aporte, ayuda o donación a las escuelas para arreglos edilicios o equipamiento pedagógico, proveniente de cualquier organismo y sin previa autorización por escrito del Ministerio de Educación santafesino.
Por más que la ministra de Educación de la provincia, Letizia Mengarelli, se desviviera por explicar "el espíritu ordenador" de tal medida, llovieron los reclamos desde los distintos sectores y con atendible razón.
Aunque pareciera descabellado hubo escuelas que no podían avanzar en arreglos para el suministro de agua o de infraestructura (entre otros ejemplos), porque el financiamiento obtenido, si no provenía de la provincia, debía recibir primero el consentimiento oficial. O, como ironizó el mismo gremio docente, ofrecía tantas trabas burocráticas que era posible que si a una maestra se le rompía el picaporte de la puerta de su salón quedara encerrada hasta que se le aprobara cambiarlo.
La exigencia de que todo pasara por el visto bueno ministerial debilitaba sin dudas el papel de los cooperadores escolares, que de hecho, aun en magras realidades, son los que siguen sosteniendo los edificios escolares. Y sumaba otra tarea más a la que ya tienen directivos, nada pedagógica desde luego.
No se trata de dejar estas decisiones al libre mercado, ni al mejor postor, porque como se sabe "cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía"; y si alguna práctica tienen las escuelas es olfatear el rédito que se quiere sacar de onerosas donaciones.
Al margen de estos comentarios, la queja desde las escuelas y distintos sectores llegó. Claro que muchos educadores lo hicieron por lo bajo, "por temor a hablar", sencillamente porque si esta gestión educativa ha aprendido de la anterior es a generar aprensión en los docentes a la pregunta incómoda y a la denuncia pública. Y los que han desafiado esta impronta han recibido de inmediato el reproche oficial.
La historia de este decreto no es muy distinta a la forma en que se deciden distintas líneas de trabajo en el Ministerio de Educación de Santa Fe. El mecanismo, de tan conocido, aburre: se anuncia la medida, se dice que es producto del debate y se la aplica. En el medio, se ornamenta con discursos que sostienen que "la palabra circula" y que "todo surge en el ir y venir con los docentes".
Para muestra de que ocurre lo contrario basta con recordar la manera vergonzosa en que se instaló la reforma curricular del secundario para los dos primeros años de la provincia. Una metodología que continúa respecto de los planes de estudio de los tres últimos años de la educación media obligatoria santafesina.
Otro ejemplo es la sugerente ausencia de centros de estudiantes —contemplados en la ley de educación nacional— en los secundarios. Una práctica democrática donde circulan diferentes posturas políticas, pero que no ha sido mirada con mucho cariño por Rasino y ahora su sucesora Mengarelli.
De hecho el ministerio antepone el formato escolar de "Ronda de convivencias" a los centros de estudiantes con la excusa de decir que allí "todos pueden opinar".
Igual esto tiene poca vida, porque para los que aún temen a la participación de los muy jóvenes en la vida de los debates de ideas partidarias y en la toma de decisiones (todo un aprendizaje ciudadano), la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció (fue la semana pasada en San Luis) que impulsará una ley que apoye la creación de estos centros en las escuelas, haciendo que no se los pueda prohibir.
Este "espíritu" absolutista de controlar la participación en el ámbito de la educación santafesina es el mismo que movía el decreto 962.
Sorpresivamente fue la semana pasada, y al rato de que el portal de este medio difundiera las restricciones de esta medida, cuando se anunció que ya no corría.
Es interesante conocer que mientras desde la Secretaría de Comunicación provincial se apuraban a dar argumentos (no pruebas) de que esta medida ya había sido dejada sin efecto, mucho tiempo antes las escuelas —principales interesadas y afectadas— no estaban enteradas. Tampoco cooperadores ni el mismo gremio docente.
Horas más tarde llegó a la redacción de La Capital una copia del decreto que suspendía la vigencia del 962, pero sin número ni fecha, ya que era —justificaron— lo que se había conseguido en "un día de asueto administrativo" (fue el 25 de junio pasado, jornada en que se recordó el Grito de Alcorta).
