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Los elementos de la causa ubican a Tognoli cerca del procesamiento

Se esperan nuevos informes, pero con lo disponible hasta ahora lo menos probable es que sea desvinculado. En esta etapa del trámite para acusar se requiere probabilidad de delito y no certeza. Eso complica al ex jefe.

Martes 30 de Octubre de 2012

La situación procesal del ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli podría resolverse el lunes próximo. Ese día vence el plazo de diez días hábiles a partir de la indagatoria para que el juez federal Carlos Vera Barros se expida. El duelo de posiciones entre la acusación y la defensa se reduce a dos planteos. Por un lado, la fiscal federal Liliana Bettiolo entiende que, más allá de cómo termine este pleito, resulta central el hecho de que se efectuó una consulta desde la ex Dirección General de Drogas Peligrosas sobre el dominio de un automotor de una fuerza de seguridad que perseguía a un supuesto narcotraficante con el fin de darle información. Por el otro, el abogado de Tognoli dice que si eso es verdad no hay responsabilidad penal de su cliente ya que no era poseedor ni usuario de la clave con la que se realizó la averiguación.

A esta altura del caso, con los elementos disponibles y sin atender al notorio peso del contexto político que incide en él, el juez de Instrucción Carlos Vera Barros podría inclinarse a procesar a Tognoli por supuesta protección a un detenido por narcotráfico.

Para procesar a alguien por un delito presunto, en el primer tramo de una investigación penal, alcanza que las pruebas reunidas demuestren en forma racional la probabilidad positiva de que el imputado haya cometido ese delito. Para condenar a Tognoli no hay dudas de que lo reunido hasta ahora es harto insuficiente. Para procesarlo se presume que no.

Indicios. La fiscal Bettiolo encadena estos hechos indiciarios para llegar a su imputación con hechos que están acreditados:

• Existe una comunicación de Carlos Ascaíni, detenido en Piñero por cargos de narcotráfico, al teléfono de la comisaría de Villa Cañás, pidiendo que le informen sobre un vehículo que lo perseguía. Tal cosa consta en la llamada 10 del casete 6 lado A registrado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que seguía a Ascaíni entre el 23 y el 30 de noviembre de 2009.

• Tras esto alguien pide al Registro de Propiedad Automotor (RNPA) que averigüe de quién es el dominio. La consulta se hizo el 25 de noviembre de 2009 a las 18.08, según el RNPA, con una clave de la "Dirección General de Prevención y Control de Adicciones-Hugo Tognoli".

• Luego de esto Ascaíni presenta, el 20 de mayo de 2010, un hábeas corpus en el juzgado federal 4 de Rosario donde denuncia que lo seguían con dos camionetas. "Según he podido averiguar en la comisaría de Villa Cañás, me fue informado que son de la PSA, tengo miedo por mi familia y mis vecinos". Este elemento gravita para acusar. Prueba que la información le fue suministrada porque Ascaíni hizo algo con ella: presentar el hábeas corpus. Que sea la comisaría la que le pasa información a Ascaíni es considerado un absoluto disparate.

• Simultáneamente, de otra fiscalía le hacen saber a Bettiolo el mensaje de texto en el que la dueña de un burdel le pide al comisario mayor Oscar Ledesma de General López los nombres de los narcos a los que debe comprar droga y los jefes policiales a los que supuestamente comprar tolerancia. El mensaje de Ledesma dice que el narco de Villa Cañás (menciona a Ascaíni) arregla "30000 directo con Tognoli".

• Por último, suma como elemento indiciario que la Justicia provincial tiene una causa, impulsada por la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, en base a una denuncia anónima que menciona a Tognoli en una reunión del 2 de enero pasado en Santa Fe con un importante narco de Rosario.

Refutación. El abogado de Tognoli, Eduardo Jauchen, refuta punto a punto estos temas. Lo hizo en una entrevista publicada el jueves pasado en este diario que no puede ser citada por una cuestión de extensión de esta nota. Básicamente señala que el usuario de la clave atribuida a Tognoli es de modo probado otra persona: el actual jefe de la comisaría 2ª de Rosario, Néstor Juan Fernández.

Este comisario se presentó a la Justicia al difundirse el caso. Ahora será citado a declaración informativa o indagatoria. Fernández, al momento de la consulta de los vehículos de la PSA, era jefe de Drogas Peligrosas en Venado Tuerto, muy cerca de Villa Cañás. Lo convocarán porque su eventual rol es relevante antes de la resolución judicial: la defensa de Tognoli sugiere que si se prueba que usó la clave la situación del ex jefe provincial se alivia.

Complicado. Otro elemento que complica a Tognoli no tiene que ver con pruebas de la causa sino con acciones suyas posteriores a la difusión de la nota del diario Página/12 que señalaba su involucramiento en este caso. Uno es un llamado de Tognoli para ponerse a disposición con un juez (Bailaque) que no era el competente (Vera Barros) cuando funcionarios del gobierno provincial (uno de Asuntos Internos y un ministro del Ejecutivo) tuvieron reuniones con Vera Barros. Si el gobierno tenía claro que el juez era Vera Barros también Tognoli debió saberlo. Y luego la demora en su presentación al requerirse su captura.

Estos elementos, sumados a los indicios encadenados planteados por la fiscal, no le reportarían a Tognoli buenas noticias en el tramo inicial de este controvertido caso.

Liberan a ex jefe de Drogas

Oscar Romero, ex jefe de la Brigada Rosario de ex Drogas Peligrosas, fue liberado ayer junto con el subjefe y el oficial con quienes había sido detenido el viernes último en el marco de la investigación por el robo de una ametralladora. No obstante, seguirá vinculado con la causa que pasó del Juzgado Correcional Nº 7 al de Instrucción Nº 11.

Romero fue detenido el viernes pasado a la 1.30 en virtud de una investigación de Asuntos Internos que comprobó el faltante de una pistola ametralladora de la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones (DGCPA, ex Drogas Peligrosas). Entonces fue desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por decisión del ministro de Seguridad Raúl Lamberto, horas antes de que se apartara de la DGCPA a 22 policías —uno de ellos el propio Romero— en el marco de una reestructuración del área.

Luego de pasar el fin de semana detenido, ayer la fiscal Nº 2 Viviana Baliche otorgó la excarcelación a Romero por considerar que su libertad no pondrá en riesgo procesal la investigación.

No obstante, amplió la imputación ya que además del incumplimiento de los deberes de funcionario lo acusó de sustracción de caudales bajo custodia en razón del cargo y la entrega de un arma a alguien que no acredita condición de legítimo usuario.11 a cargo de Hernán Postma.

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