Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños del yacimiento San José, pidieron ayer disculpas a los chilenos por el derrumbe en una comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados designada para investigar las causas del siniestro.

También se intenta determinar las responsabilidades políticas en el registro de supuestas irregularidades, que habría permitido la reapertura del yacimiento en Atacama.

Bohn detalló los estudios que pidió el Servicio Nacional de Geología y Minas para mejorar la seguridad en la explotación.

Sostuvo que tras un accidente registrado en el yacimiento en 2006 (que dejó un muerto) la mina estuvo 11 meses cerrada mientras se hicieron estudios y repararon rampas inseguras. "No se ha hecho presión a autoridades", dijo. Pero admitió que recurrieron a ellas "ante la paralización parcial de la mina".

Bohn explicó que habían cumplido con los trámites solicitados para ser autorizado el funcionamiento del mineral.

El último 26 de agosto, la Justicia ordenó retener 1,7 millón de dólares a la firma, como medida preventiva ante la demanda que presentaron 26 familias afectadas por el accidente.

El Ministerio de Minería señaló que la empresa debe responder sus compromisos con sus 140 empleados y también cancelar las futuras indemnizaciones que correspondan por el derrumbe de hace 27 días.