No terminaron de pasar los Reyes Magos que volvió la cruda realidad. Y en pleno enero, los docentes se enteraron de que a fin de mes se sentarán a una nueva negociación paritaria con el gobierno provincial, esta vez signada por los profundos cambios que la gestión de Mauricio Macri viene introduciendo en materia económica. Los dirigentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) desgranan las medidas que, a su entender, supusieron una "clara transferencia en favor de los sectores del capital" y "en perjuicio de los trabajadores". Entre ellas, la eliminación del cepo cambiario, la devaluación, la remarcación furiosa de precios en la canasta familiar y los servicios, así como la baja de retenciones al agro. Y pese a que aún no definieron las cifras en que anclarán su reclamo de aumento de salarios, arriesgaron un piso del 40 por ciento, el mismo porcentaje que, por otra parte, ya tiró al ruedo el gremio de los municipales.
El propio gobernador Miguel Lifschitz admitió que para discutir una recomposición de los sueldos estatales habrá que esperar a que se advierta claramente "el impacto que tienen en los salarios" las medidas "que va tomando el gobierno nacional".
El mandatario fue incluso más allá, al recordar que todas las medidas "tienen impacto". Por ejemplo, la baja en las retenciones al sector agropecuario "va a disminuir la recaudación" y, por ende, afectará "el porcentaje que les llega a provincias y comunas".
De hecho, aseguró, esa transferencia de recursos repercutirá "en el bolsillo de los trabajadores, por un lado, y en las finanzas de las provincias por el otro".
El diagnóstico de Lifschitz no difirió demasiado del que trazaron tanto el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, como el de Sadop, Martín Lucero. Sin embargo, los dirigentes aclararon que pelearán para que ese "impacto" no lo paguen los docentes.
Sin suma puente. "Hay un malestar muy grande entre los docentes", sentenció Terés, quien apuntó a la vez a la Nación y la provincia. El enojo, dijo, tiene que ver tanto "con las medidas que con increíble celeridad ha tomado el gobierno nacional, todas a favor de los empresarios y los sectores del capital, ninguna a favor de los trabajadores", como con el hecho de que "en situaciones de mucho menor riesgo económico (la provincia) siempre aceptó otorgar una suma puente o un bono", algo que esta vez se les negó a los trabajadores del Estado.
"Lifschitz debuta de la peor manera", opinó, e interpretó como "muy mala señal" que el gobernador se "encuadre" en la misma línea del gobierno nacional, "cuando hubo una clara situación de devaluación y aumentos muy altos para la canasta familiar".
Justamente por eso, el sindicalista recordó que "ya se venía de dos años en los que el salario de los docentes quedó atrás" de esos indicadores y reclamó que el sueldo para un maestro que recién se inicia "no quede abajo del salario mínimo, vital y móvil", hoy en torno a 15 mil pesos.
Y rechazando los topes sugeridos por algunos "sindicalistas amigos" del gobierno (varios hablaron del 28 por ciento y el mismo Hugo Moyano mencionó un 30, pero como piso), Terés dijo que ningún aumento debería ser inferior al 40 por ciento. "Cualquier suma que se baraje se debe aproximar al 40 y no al 30 de esos dirigentes", insistió.
Cautela. En principio, Lucero se resistió a manejar una cifra. "Para tirar un porcentaje de aumento hay que esperar al menos a finales de enero porque hoy no hay cifras oficiales", se atajó.
¿Y cuáles van a ser las que tomen a fin de mes?, preguntó La Capital. Para el titular de Sadop Rosario, serán las que barajen la CGT, Empleados de Comercio u ONGs de consumidores.
"Antes teníamos estadísticas del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) cuestionadas, hoy no tenemos nada", sostuvo. Y se preguntó por qué "el gobierno habla de pago por productividad, en vez de hablar de una participación en ganancias".
Esas situaciones, dijo, vuelven "difuso" el comienzo de la paritaria. "¿Qué voy a decir? ¿Un aumento del 40 por ciento, del 50 por ciento?, si lo único que sé es que subieron los servicios, los impuestos, el combustible, los alquileres, los alimentos, la tasa de interés...", enumeró.
Y pese a no querer poner cifras al reclamo, se atrevió a plantear que la recomposición debería ubicarse "dentro de esa franja": entre un 40 y un 50 por ciento.
"Porque está claro que hubo una transferencia de riqueza al sector empresario, sin nada que compense para este lado", afirmó, convencido de que, "finalmente, la no intervención del Estado para equilibrar la política económica y monetaria acaba perjudicando sin más a los trabajadores".
