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Los desalojos alcanzaron en España a casi 40 mil por año durante 2012

Drama social en la península ibérica. Además, sólo un 40 por ciento de los casos se cierra con la entrega de la vivienda al banco. Los demás deben seguir pagando aún.

Sábado 11 de Mayo de 2013

El desempleo y la recesión que se viven en España hizo que en 2012 casi 40.000 familias dejaran en manos de los bancos sus viviendas, al no poder cancelar las hipotecas. Según una nueva estadística del Banco de España, en 2012 se entregaron a la banca 39.167 viviendas como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria. Según esa estadística oficial, 20.972 viviendas se entregaron a los bancos de manera voluntaria, mientras en 18.195 hubo una orden judicial. De este total de desalojos judiciales, 2.968 casos se produjeron con la vivienda ocupada. La autoridad bancaria española destacó que a fines de 2012 había 6,14 millones de hipotecas sobre viviendas, de manera que las afectadas por desalojo son sólo el 0,53 por ciento.

El Banco de España señaló que la encuesta se dirigió a entidades que gestionan un 85 por ciento del total de hipotecas para viviendas. Asimismo, las entregas de vivienda a cambio de la cancelación de la deuda —lo que en España se conoce como "dación en pago"— supusieron en 2012 cerca de un 40 por ciento del total de entregas de los inmuebles hipotecados. Es decir, más de 14.100 personas hipotecadas vieron extinguida su deuda con la entrega de la propiedad. En España es muy común que el drama de la hipoteca continúe para las familias aún después de entregada la vivienda, lo que agrava considerablemente este problema social. Esto es así porque el valor actual de la vivienda es mucho más bajo al pactado en el crédito hipotecario, generalmente a valores de los años 2007 o anteriores, antes de la crisis y el desplome del precio de la propiedad. La crisis en España comenzó a fines de 2008, por contagio de la crisis de las hipotecas de baja calidad de los Estados Unidos. El efecto fue doble: se desplomó el empleo (hoy supera el 27 por ciento) y se paralizó la industria de la construcción, alimentada hasta ese momento por una burbuja de dinero español y europeo que se materializaba en interminables edificios de "pisos", como se llama en España a los departamentos. Los precios de estas unidades se multiplicaron varias veces antes de 2008. Esto poco importaba, dado que los créditos hipotecarios eran por demás accesibles. Por esta razón era muy común que familias de ingresos bajos tuvieran acceso al mismo tiempo a más de un crédito hipotecario, y se multiplicaron en la clase media las compras de "pisos" a modo de inversión.

La cifra total de entregas de vivienda por cesación del pago de la hipoteca ascendió en 2012 a 39.167, incluyendo las llamadas segundas viviendas o los departamentos para alquiler. El Banco de España apunta que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a ejecuciones hipotecarias por vía judicial en 2012 se firmó en 2007 o con anterioridad, es decir, antes del inicio de la crisis.

En los desahucios judiciales de viviendas únicas, un universo de algo más de 14.100 casos, el departamento estaba vacío en el momento de la intervención del juez en un 83 por ciento de los casos (11.760). El desalojo tuvo que producirse con los habitantes todavía en la vivienda en 2.405 ocasiones. La intervención de la fuerza pública para realizar el desalojo fue necesaria en 355 casos.

La estadística también detalla que 18.325 familias entregaron su vivienda de forma voluntaria sin llegar a la vía judicial. El Banco de España relativizó el drama social de los desahucios al señalar que de los 6.140.645 de créditos hipotecarios a familias los desalojos solo representan un 0,53 por ciento. El organismo oficial agrega que, al ser la primera vez que se elabora esta estadística, los resultados "han de tomarse con las debidas cautelas", ya que los datos se han obtenido de un grupo de entidades bancarias que gestionan algo más de un 85 por ciento del crédito hipotecario concedido a los hogares para comprar una vivienda. El Banco de España prevé publicar regularmente esta información, con periodicidad semestral.

Nueva ley. El pasado 8 de mayo el Senado español aprobó definitivamente la ley impulsada por el gobierno conservador del Partido Popular (PP) que contempla una serie de medidas para reforzar la protección a los deudores de préstamos hipotecarios ante los desahucios.

Al igual que en Diputados, la ley pasó por el Senado con el único respaldo del PP. La norma suspende los desalojos de las viviendas durante dos años, pero sólo en el caso de los grupos más vulnerables. Además limita los intereses por mora. En cuánto a la dación en pago, la ley la contempla pero únicamente como parte del "código de buenas prácticas bancarias" y para casos de especial vulnerabilidad. No incluye su carácter universal y retroactivo, como se pedía en una iniciativa popular firmada por un millón y medio de ciudadanos.

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