Los curas de las villas porteñas rechazaron en una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández el proyecto para despenalizar el consumo de estupefacientes y advirtieron que "las drogas no dan libertad, sino que esclavizan".

El documento, enviado originalmente a la primera mandataria el 1º de septiembre, hace justamente un mes, se hizo público ayer ante las consultas que recibieron los sacerdotes sobre las declaraciones del secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, quien afirmó que él "habilitaría el consumo de todo".

"Desde nuestra mirada las drogas no dan libertad, sino que esclavizan. La despenalización a nuestro parecer influiría hoy en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño", sostuvo el Equipo de Sacerdotes de la Pastoral en Villas creado por el Papa Francisco en sus años de arzobispo de Buenos Aires.

Los curas villeros reclamaron a las autoridades que "antes de discutir la posible sanción de esta ley es mejor trabajar las representaciones sociales del problema a fin de generar cambios en la sociedad, y poblar el territorio con los dispositivos adecuados".

Tras explicarle a la Presidenta el trabajo que realizan a diario con jóvenes adictos en las villas de emergencia porteñas y del conurbano bonaerense, puntualizaron que "el paco ha hecho explotar la marginalidad, y nos la enrostra, dejando ver un tejido social que se ha roto".

"La exclusión favorece la adicción y causa estragos. Creemos que desestimar los porcentajes de adictos, por ejemplo al paco, es temerario, ya que la marginalidad es el mejor caldo de cultivo para los consumos problemáticos", subrayaron, y agregaron que estas situaciones "duelen" y más cuando, aseguraron, el número de afectados "aumenta".

Los curas villeros rechazaron la propuesta de Molina, quien es también sacerdote pero tiene una dispensa para ejercer el cargo en la Sedronar, con el argumento de que "al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y operativa, se aumenta la posibilidad de inducir al consumo de sustancias que dañan a las personas".

La carta de curas villeros a la jefa de Estado lleva la firma del padre José María "Pepe" Di Paola, coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencias del Episcopado argentino, y del presbítero Lorenzo "Toto" De Vedia, referente pastoral en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, entre otros.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió ayer el proyecto de Molina al asegurar que la "no criminalización" del consumo de drogas está vinculada con "una política muy activa para garantizar inclusión" y destinada a resolver los problemas desde una "mirada omnicomprensiva del Estado".

En cambio, el presidente de Cáritas Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, consideró que "la manera de criminalizar y de estigmatizar a los jóvenes es la ausencia del Estado, es la ausencia de la sociedad civil, es el mirar hacia otro lado" y recordó la prédica del Papa.

Qué dijo Molina

“Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros (de tratamiento) pero estamos hablando de la no criminalización. Hay que legalizar lo que hoy es ley, una ley de hecho”.

Convención antidroga en Paraguay

Los responsables de los organismos estatales antidroga de 44 países de Europa, América y Asia se reunirán desde el lunes hasta el jueves de la semana próxima en Paraguay para analizar “los nuevos problemas en el cambiante mapa del narcotráfico”. La Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya (Senad) informó que del encuentro participarán los países del continente, incluidos Estados Unidos y Cuba, y otras naciones que son también miembros de la entidad, como España, Alemania, Japón y Corea del Sur. Paraguay es el segundo productor de marihuana en América, detrás de México, a partir de que existen en el país entre 5.000 y 8.000 hectáreas plantadas con marihuana, lo que supone una producción de entre 30.000 y 45.000 toneladas al año. El 80% va a Brasil. Un kilo de marihuana cuesta unos 60 dólares en Paraguay, en Brasil el precio se quintuplica y en Chile puede llegar a 1.000 dólares.