Constitucionalistas de diversa orientación formularon críticas al proyecto de ley de servicios audiovisuales que aprobó Diputados y que la Cámara alta podría modificar. Lo hicieron ayer ante un plenario de comisiones del Senado al que se sumó el senador santafesino Rubén Giustiniani.
El primero en exponer fue Daniel Sabsay, quien sostuvo que el proyecto tiene como "puntos flacos" aspectos que van "contra la seguridad jurídica", el principio de "legalidad y razonabilidad" y permite al Poder Ejecutivo actuar con discrecionalidad a través de la autoridad de aplicación.
"Sorprende en la norma, que resulta sumamente atractiva en sus enunciados generados en la medida en que se propende a la descentralización, el más amplio acceso a la información pública, dar voz a los que no tienen voz, que cuando vemos los medios que se propone a esos fines encontramos medios que parecen contrarios a esos fines", manifestó Sabsay.
El constitucionalista sostuvo que la iniciativa tiene como "uno de los problemas más serios que perforan el principio de legalidad y el principio de razonabilidad", la "posibilidad de impedir la discrecionalidad en el manejo de las funciones, es decir, la desproporcionalidad de los medios con los fines que se proponen".
En esa línea, cuestionó los "medios que se le dan al Poder Ejecutivo para el control de los contenidos" y precisó que la facultad que da a la autoridad de aplicación de otorgar licencias en forma directa es contraria al Pacto de San José de Costa Rica en tanto que implicaría una situación "de censura previa".
Por otro lado, Sabsay consideró "excesivo" que pese a no usar el espectro radioeléctrico la ley prevea otorgar licencias para brindar el servicio de televisión por cable, ya que ello "sería como tener licencia para tener un diario" y caería en un caso de "censura indirecta".
En cuanto al artículo 161 del proyecto, que obliga a las empresas a desprenderse de las señales que superen el número fijado en la ley, Sabsay apuntó que "la Corte Suprema ha interpretado la seguridad jurídica en relación al principio de irretroactividad de las leyes".
El constitucionalista recordó a los senadores que "el Código Civil establece que esta irretroactividad solo es posible siempre que no se afecten derechos y garantías amparados por la Constitución nacional" y en el caso de los licenciatarios de señales marcó que "se trata de derechos regularmente contraídos".
Con otra visión, Alberto González Arzac confió que le produce "una enorme satisfacción" saber que existe un proyecto para reemplazar la ley de radiofusión heredada de la dictadura porque "no cabe duda alguna que los medios audiovisuales están en manos monopólicas", indicó.
En ese marco, el constitucionalista dijo que no comprendía "a los que piden tiempo, ¿tiempo de qué? Si este es un asunto que se ha debatido durante años. Ya hemos considerado suficientemente esta ley como para seguir esperando".
González Arzac les expresó a los senadores presentes que "no he encontrado un solo punto para hacer observación de carácter constitucional a la media sanción de la Cámara de Diputados" y aseguró que "esta ley es perfectamente constitucional".
Menos apasionado, el constitucionalista Bernardo Licht se refirió puntualmente al artículo 161 y señaló que el plazo de un año que se prescribe para la adecuación de las empresas a los límites que fijaría la ley no implica que se compute desde la sanción de la norma.
El expositor aclaró que "no hay fecha cierta para el comienzo del cómputo del plazo, porque es desde que la autoridad de aplicación establezca el plazo de transición", para lo cual antes debería constituirse el organismo lo cual demandará un tiempo "considerable".
Además, Licht advirtió que "este artículo, lo que otorga es una opción" a los dueños de las licencias, que, dijo, "pueden quedarse pero no pueden ser al mismo tiempo titulares de un medio de distribución".
Félix Loñ, otro de los constitucionalistas consultados, manifestó que toda ley que se proyecta hacia el futuro "no tiene que estar dirigida por ningún Poder Ejecutivo" y sostuvo que los artículos que permiten a la autoridad de aplicación otorgar licencias en forma directa y regular contenidos "afecta gravemente la libertad de expresión".
Loñ consideró que el texto requiere cambios porque "esta ley es susceptible de profundas mejoras para perfeccionar estos principios esenciales de pluralismo, descentralización y participación".
La lista de invitados registró ausencias y Sabsay se retiró antes de que empezaran las preguntas de los senadores. l
Por Juan Iturrez