El nuevo enjuiciamiento en Chile, que rige desde 2000 pero en Santiago desde 2005, entrega la responsabilidad de investigar y juzgar a órganos distintos. Y así se perfila en Santa Fe. El primer rol está a cargo del Ministerio Público (fiscales) y el segundo en el Poder Judicial que integran jueces de garantía y de juicio oral. La tercer pata es la Defensoría Penal Pública, servicio que proporciona defensa a los imputados que carezcan de abogado.

Ministerio Público. En Chile el Ministerio Público es un organismo autónomo y descentralizado que investiga los delitos y determina quiénes son sus responsables. Trabaja en estrecho vínculo con la policía. Pero también debe recibir y procesar lo que les aporten las víctimas, denunciantes y los testigos de delitos, por lo que el Ministerio Público debe adoptar medidas tanto para protegerlos como para procesar los datos que aquellos aportan. En Santa Fe ya existe el Centro de Asistencia Judicial, que contiene la Oficina de Asistencia a la Víctima, yen el futuro quedará absorbido por el Ministerio Público.

Un aspecto destacado es que los fiscales tienen la facultad de no investigar si advierte que no existe delito en la denuncia o si la responsabilidad del imputado está extinguida por el paso del tiempo. También puede decidir no iniciar una investigación cuando el hecho no compromete el interés público y que merece una pena mínima. La lógica de esto, que se llama principio de oportunidad, supone reservar recursos para delitos más graves.

Defensoría Pública. Del otro lado de los Andes este servicio atiende a todo el país en 100 inmuebles ubicados fuera de los lugares donde se hacen los juicios. Su misión es brindar defensa a quienes no tienen abogado. Si el imputado no tiene recursos el servicio es gratis (en Santiago el 98% de los imputados está en esa situación) y si posee ingresos debe pagar parte o todo el arancel. El defensor debe contactarse con el fiscal para lograr acuerdos que beneficien al imputado o a las víctimas y conseguir testigos para una defensa eficiente.

En Chile la Defensoría Pública contrata abogados privados a través de licitaciones públicas. Esto en Santa Fe motivó inquietud entre las entidades en pro de la defensa pública. El gobierno provincial hizo saber que la licitación no será una opción para organizar tal institución en el nuevo régimen procesal. “Que no se precarice el trabajo judicial”, advertía una jueza local en Chile.

Tribunales de juicio. En Chile hay jueces en dos tipos de tribunales. Unos de garantía y otros de juicio oral. Los primeros son encargados de controlar la legalidad de la detención, dirigir las audiencias y hacer ejecutar las conenas criminales y las medidas de seguridad.

A los jueces de juicio oral, que integran tribunales colegiados de tres miembros, les toca dictar las sentencias. Estos juzgan las causas por crimen o simple delito, resuelven sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados y deciden sobre los incidentes que se pronuncien en el juicio oral.

Desde 2007 existe en Chile un sistema de responsabilidad para adolescentes infractores a la ley, que define un juicio justo y con derecho a defensa por delitos cometidos por chicos de entre 14 y 18 años. Estos jóvenes son llevados a juicio oral a partir de aquella edad. Hay unidades especializadas tanto para acusarlos como defenderlos.