Londres.- Un joven de 16 años fue enviado ayer a juicio oral acusado del homicidio de un jubilado durante los recientes disturbios en Londres, mientras el gobierno británico dijo ayer que estudia la posibilidad de imponer toques de queda en áreas específicas o para menores de 16 años.
El adolescente acusado, cuyo nombre no puede mencionarse por motivos legales, compareció ante un tribunal que investiga el asesinato de Richard Bowes, un hombre de 68 años que fue hallado en coma tirado en la calle luego de disturbios en el barrio de Ealing, el 8 de agosto pasado.
Bowes falleció tres días después por heridas en su cabeza. Imágenes tomadas por cámaras de seguridad urbana capturaron el momento en que el hombre fue golpeado por un encapuchado y cayó al suelo, luego de intentar apagar un incendio de una pila de basura.
El adolescente detenido fue acusado de homicidio, desorden violento y robo a cuatro comercios, informó la BBC. La madre del joven, de 31 años, fue acusada de obstrucción de la investigación policial.
Por otro lado, dos jóvenes fueron condenados ayer a cuatro años de prisión por fomentar disturbios a través de Facebook. Los dos hombres llamaron a realizar saqueos en la ciudad de Northwich, en el noroeste de Inglaterra. El juez dijo que tenía la esperanza de que la condena haga desistir en a otros de hacer lo mismo.
Casi 3.000 personas fueron detenidas en todo el país por los disturbios, y cerca de 1.400 fueron acusadas de distintos delitos relacionados con los desmanes.
Toques de queda. Mientras tanto, la ministra del Interior, Theresa May, aseguró ayer que la policía adquirirá nuevos poderes para afrontar la violencia urbana, entre los que se estudia que pueda imponer toques de queda en áreas específicas o para menores de 16 años.
"Bajo las leyes vigentes no hay posibilidad de decretar un toque de queda general en una zona determinada, y está limitada la forma de hacerlo contra los menores de 16 años. Son cambios sobre los que debemos hablar", dijo la ministra. May quiere, sin embargo, mantener los planes del gobierno de recortar los gastos policiales en un 20 por ciento, al considerar que no es tan decisivo el número de policías de los que se disponga como la forma de desplegarlos en el momento justo.
El jefe del sindicato policial Police Federation, Paul McKeever, criticó el discurso de la ministra como "una bofetada en el rostro" de las fuerzas de seguridad.