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Líderes políticos de Brasil serán investigados por la trama de sobornos en Petrobras

Dos miembros del gabinete del primer mandato de Rousseff están bajo investigación: la senadora Gleisi Hoffmann, ex jefa de Gabinete de la Presidencia, y el ex ministro de Energía Edison Lobo.

Sábado 07 de Marzo de 2015

La Corte Suprema de Brasil investigará a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y a más de dos decenas de políticos en conexión a la trama de sobornos por miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras. El escándalo ha remecido a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país. Un funcionario judicial dijo ayer que 54 personas serían investigadas, incluidos senadores y diputados, 53 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff. La lista la encabezan el presidente del Senado Renan Calheiros y Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de gobierno.

   Dos miembros del gabinete del primer mandato de Rousseff están bajo investigación: la senadora Gleisi Hoffmann, ex jefa de Gabinete de la Presidencia, y el ex ministro de Energía Edison Lobo. Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), será investigado. También figura en la nómina de sospechosos que investigará la Justicia el ex mandatario y actual senador Fernando Collor, quien fue obligado a renunciar a la presidencia por un escándalo de corrupción en 1992. Según la ley brasileña, a los políticos importantes solo los puede juzgar la Corte Suprema, un proceso que la mayoría de los expertos cree que puede tomar de cinco a siete años, y más, antes de que alguien vaya a la cárcel. La Corte debe decidir ahora si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.

Contratos inflados. Los fiscales federales afirman que descubrieron el contubernio de corrupción más grande en la historia de Brasil. Dicen que por más de una década, las empresas constructoras y de ingeniería más grandes del país pagaron al menos 800 millones de dólares a ex ejecutivos de Petrobras y a otros a cambio de contratos inflados. Pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas a la Corte Suprema de Justicia, la presidenta Rousseff no será investigada por el escándalo. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, dijo no tener competencia para investigar a la mandataria. La mención de Rousseff había sido realizada por los cambistas y ex directores de Petrobras que están en prisión. Y correspondían a la etapa en que ella se desempeñó como ministra de Minas y Energía, en el primero gobierno del ex presidente Lula da Silva.

   El mecanismo, que causó un verdadero estrago en la petrolera estatal, consistía en acordar con las empresas proveedoras de obras e insumos una sobrefacturación de bienes y servicios prestados, a cambio de garantizarles el éxito en las licitaciones. El “club de constructoras privadas” que entraron en esa variante está integrado por los mayores grupos empresariales de Brasil. La operación, también conocida como “Lava Jato”, comprende el desvío de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de la empresa mediante esas adjudicaciones de obras públicas. Los empresarios y los políticos implicados recibían importantes sobornos.

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