El único de los cuatro policías que declaró sobre cómo ocurrió el homicidio de Gabriel Riquelme, en medio de una persecución a tiros por Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther, recuperó la libertad ayer. Fue un día después de que fracasara un acuerdo abreviado en el que iba a ser condenado a 3 años de prisión condicional. La medida fue solicitada por su defensor y con el acuerdo de la fiscalía al entenderse que con el tiempo transcurrido, su aporte a la pesquisa, las pruebas arrimadas y el cambio en la acusación que pesa sobre él ya no reviste peligrosidad procesal. Desde ahora, deberá presentarse cada 15 días en el Ministerio Público de la Acusación hasta que se resuelva su situación legal.
La libertad del suboficial Julián L. G. fue definida ayer en una audiencia de revisión de la medida cautelar que presidió el juez Juan Carlos Curto. Un día antes, el mismo magistrado había rechazado un acuerdo entre las partes para imponer al policía una pena de 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación por los delitos de incumplimiento de los deberes y encubrimiento agravado. Curto rechazó el planteo con argumentos que dará a conocer el lunes. El resto de los efectivos siguen presos, acusados de homicidio doblemente calificado por el concurso de cuatro personas y el abuso de su función policial, y hasta el momento guardaron silencio sobre lo ocurrido.
La madrugada del lunes 3 de marzo, alrededor de las 5, cuatro policías de civil y fuera de servicio iban desde Rosario a Villa Gobernador Gálvez en un Fiat Palio sin identificación. Junto a Julián L. G. iban el oficial subayudante Nelson Iván C., y los suboficiales Roberto Antonio P. y Virginia Itatí E., dueña del auto. Según el relato del efectivo ahora libre, en San Martín y Belgrano de esa ciudad uno de ellos vio que un ocupante de un Chevrolet Celta tenía una pistola cromada y empezaron a seguirlos hasta Pueblo Esther , momento en el que dos de ellos efectuaron disparos.
Dos balas atravesaron la luneta del Celta y alcanzaron a Gabriel Maximiliano Riquelme, de 20 años, quien iba en el asiento trasero. Los efectivos se presentaron 24 horas después ante su superior del Comando villagalvense y entregaron el auto, tres celulares, sus armas y sus placas. Se constató que dos armas oficiales de la que partieron disparos habían sido adulteradas en la aguja percutora y en el cañón.
En la audiencia de ayer el defensor de L.G., Maximiliano Nicosia, planteó que la peligrosidad procesal advertida al inicio y que dejó en prisión a su cliente ya no opera respecto al estado de la causa. La principal variación, señaló, es que en ese momento no se podía determinar el rol de cada uno de los acusados en el hecho, pero eso se aclaró con la investigación. No sólo con la declaración de L.G. aclarando los roles sino a partir de pruebas, aportes de las víctimas, filmaciones y pericias.
La fiscalía, representada por Miguel Moreno, estuvo de acuerdo con otorgar la libertad al policía porque se modificó la calificación legal: aún si el acuerdo abreviado no prospera iría a juicio por encubrimiento e incumplimiento y ya no por homicidio calificado. Por lo tanto, el encargado de la acusación entendió que se suprime así uno de los requisitos de la peligrosidad procesal, ya que la expectativa de pena en caso de ser condenado es más baja.
El juez Curto aceptó el acuerdo entre las partes. Si bien L.G recuperó la libertad sigue vinculado al proceso.
