Cinco integrantes opositores del Consejo de la Magistratura y dos integrantes de la Cámara Civil y Comercial porteña fueron denunciados penalmente por el gobierno como autores de una maniobra para impugnar el concurso del juez que debe fallar sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, objetada por el grupo Clarín, y por designar jueces subrogantes.
La denuncia, por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", se realizó ayer a través de la Procuración General de la Nación y lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y quedó radicada ante el nuevo juez federal Luis Rodríguez.
La presentación apunta, sin nombrarlos, a los consejeros radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y el juez Ricardo Recondo, quienes impugnaron imprevistamente en su tramo final el concurso 258 que debe designar el magistrado que falle sobre la cláusula de desinversión de la ley de medios.
También pide que investigue el proceder de los camaristas federales Martín Farrell y Recondo, presidente y vice del tribunal que designó jueces subrogantes rotativos para el juzgado civil y comercial federal como el renunciante Raúl Tettamanti y ahora a Roberto Torti.
La denuncia, que también lleva la firma de la procuradora general del Tesoro —jefa del cuerpo de abogados del Estado—, Angelina Abbona, apunta además a Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, integrantes del tribunal de Superintendencia de la Cámara que fija las subrogancias.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había anticipado anteayer que instruiría a la Procuración General de la Nación para efectuar la denuncia, que por sorteo recayó en el juzgado de Rodríguez, con la fiscalía de Gerardo Di Masi.
Amparo universitario. En tanto, autoridades de 31 universidades nacionales, de una facultad y de las redes universitarias Aruna (radios) y Renau (televisión), anunciaron ayer una presentación judicial "invocando nuestro interés legítimo por la ley de medios".
Así lo aseguró Arturo Somoza, rector de la Universidad Nacional de Cuyo y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al anunciar la presentación de un amparo acordado por 37 autoridades universitarias.
En una conferencia de prensa en la sede porteña de la Universidad de Luján, Somoza explicó: "Queremos manifestar nuestro interés legítimo sobre la ley, que se ve afectado por la designación fuera de la normativa del juez que tiene que intervenir en la causa y entendemos que se ha violado el principio que establece la legislación para la designación del juez natural".
En este sentido, el rector de Uncuyo agregó que se sienten "afectados" en sus "intereses porque la ley establece que uno de los tres tramos es la participación de las universidades nacionales", y destacó que "la no disponibilidad de las frecuencias que se deben liberar puede alterar las posibilidades de crecimiento del sistema universitario".
Al ser consultado por las frecuencias que les corresponden a las universidades, Somoza puntualizó que "nos corresponde una frecuencia por sede central de Universidad, más la posibilidad de solicitar otras, y el tema en cuestión afecta la disponibilidad de estas frecuencias".