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Lesa humanidad: Pidieron la indagatoria de monseñor Graselli

Era capellán del Ejército. Recibió a familiares de cientos de desaparecidos que le pedían ayuda. Se cree que en realidad les sacaba información.

Martes 23 de Septiembre de 2014

El fiscal federal Federico Delgado pidió que el capellán del Ejército durante la última dictadura Emilio Teodoro Graselli sea citado a declaración indagatoria por las fichas que elaboró entonces sobre los detenidos-desaparecidos.

"Sabemos que estaba en un lugar clave que le brindaba información cualificada en relación a la represión clandestina y que de alguna forma, que sería apresurado calificar, la administró", explicó el funcionario en su requerimiento al juez federal Julián Ercolini.

Delgado basó su dictamen en un informe que le remitió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y señaló que el sacerdote debe ser convocado para que "explique lo que considere oportuno" acerca de la tarea que lo llevó a labrar un fichero con más de dos mil piezas en base, en principio, a las entrevistas que mantenía con familiares de desaparecidos durante la dictadura.

Graselli se desempeñaba como secretario del vicario castrense Adolfo Tortolo y, en esa condición, recibía en la capilla Stella Maris, de la Armada, en el barrio porteño de Retiro, a los familiares de personas secuestradas y desaparecidas.

En 2001, el entonces arzobispo de Buenos Aires y actual papa Francisco lo destinó en la parroquia porteña de Nuestra Señora de Luján, y allí celebra misa diaria.

Según los testimonios de familiares de desaparecidos, Graselli los recibía en la capilla Stella Maris, escuchaba los pedidos de información y se comprometía a averiguar algo, al tiempo que elaboraba fichas individuales de cada caso.

En 1999, Graselli, que ahora tiene 83 años, compareció en los llamados Juicios por la Verdad ante la Cámara Federal de La Plata y el tribunal ordenó el secuestro de las fichas manuscritas del cura.

En esa audiencia contó que "personalmente atendía a los que iban a la Iglesia a pedir informes y ayuda. Diría que atendía normalmente entre 20 y 50 casos y que a veces se trataba de problemas nuevos o a veces volvían para buscar alguna respuesta que desgraciadamente en muchos casos eran negativas".

"Personalmente atendía a la gente y confeccionaba una lista que monseñor Tortolo presentaba al ministro del Interior, al jefe de policía y a los comandantes de las distintas fuerzas", reveló.

Y añadió que "este trámite él lo hacía personalmente o a veces enviaba cartas. En todo este tiempo, que son cuatro años, fácilmente he atendido a unos 2.500 casos. Muchos nombres se me escapan". Acerca de un caso en particular por el que se le preguntó, Graselli contestó en 1999 que no lo recordaba ya que "son 23 años de estos hechos y para mí es imposible recordar".

En el juicio por la megacausa Esma, Célica García, hermana de una militante montonera desaparecida desde 1976, declaró el año pasado que "tuvimos una entrevista con monseñor Graselli para que nos ayudara. Dijo que él no tenía muchas posibilidades de ayudarnos, pero que iba a rezar".

De prosperar el pedido del fiscal Delgado ante el juez Ercolini, será la primera vez que el religioso deba prestar declaración indagatoria, es decir, como sospechoso de haber participado en delitos de lesa humanidad.

Reclaman que el caso Guido pase a La Plata

Los fiscales Hernán Schapiro, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira ratificaron ante el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, quien subroga al fallecido Manuel Blanco, que la investigación sobre la apropiación de Ignacio Hurban (Guido Montoya Carlotto) debe tramitarse en esa ciudad y no en Capital. Los fiscales presentaron su dictamen sobre la negativa de la jueza María Servini de Cubría a la solicitud que le había planteado Blanco días antes de morir.

Sostuvieron que la apropiación del niño "tuvo como antecedente inmediato, necesario e inescindible, el secuestro de su madre, Laura Carlotto, en el centro clandestino La Cacha" ubicado en La Plata.

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