Por unanimidad, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó ayer otorgar la prisión domiciliaria al represor Luciano Benjamín Menéndez, quien continúa detenido en el complejo carcelario de Bouwer cumpliendo la pena de prisión perpetua que el año pasado le impuso el Tribunal Oral Federal Nº1.
La decisión adoptada por el tribunal integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Ignacio Vélez Funes y Rodolfo Martínez fue el marco de la apelación que la fiscal federal Graciela López de Filoñuk interpuso en marzo del 2008 en contra del beneficio que le otorgó la jueza federal Nº3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano.
Claudio Orosz, abogado de la agrupación Hijos de Córdoba y querellante en el histórico juicio donde el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército y otros siete represores recibieron severas condenas, "celebró" la medida adoptada por la Cámara pero cuestionó la demora en responder el recurso que hace más de un año presentó la fiscal López de Filoñuk.
Orosz recordó que en ese lapso, además del beneficio otorgado por la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo también había decidido pronunciarse por el arresto domiciliario del represor.
Sin embargo, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena envió un requerimiento la semana pasada e impidió que se concretara la polémica decisión argumentando que Menéndez está involucrado en la causa por el crimen de dos sacerdotes registrados en julio de 1976 en la localidad de El Chamical.
De todas formas, el letrado advirtió que la defensa del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército podría interponer recursos en instancias superiores, tal como la Cámara Nacional de Casación Penal, "que, como último resabio menemista que tenemos en el país, seguramente revocará" la decisión de la Cámara cordobesa.
Por unanimidad, la Cámara Federal cordobesa decidió que el represor siga detenido en Bouwer
El caso Amaya
El Juzgado Federal de Rawson completará hoy la primera ronda de indagatorias en torno a la muerte de Mario Abel Amaya, el abogado radical defensor de presos políticos que murió el 19 de octubre de 1976, presumiblemente por torturas recibidas en la cárcel local.
Se estima que será superior al 50% de los valores actuales. El Concejo prepara un aumento del 30% en la tarifa desde abril
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