La Amia y la Daia presentaron ayer un pronto despacho ante la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el que denunciaron "denegación de Justicia" y le pidieron que dictamine sobre qué juez debe resolver su planteo de inconstitucionalidad sobre el memorándum de entendimiento con Irán.
Ambas organizaciones habían planteado el 4 de abril pasado la inconstitucionalidad del memorándum que el gobierno firmó para poder indagar en ese país a los sospechosos de perpetrar el ataque terrorista a la Amia, aunque desde entonces no hay juzgado de primera instancia que haya asumido el caso y se está ante una pelea de competencia.
En agosto pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral (el mismo que tiene a cargo la investigación del atentado) se declaró incompetente para tramitar el planteo.
Previamente, la magistrada en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti también se había expresado en ese sentido al considerar que debía ser Canicoba Corral el encargado ya que es quien está a cargo de la pesquisa de la voladura de la Amia.
Antes de resolver la Corte sobre qué juez es competente para definir el planteo de inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso, la procuradora debe expresar su opinión mediante un dictamen.
"Estamos ante un claro e inadmisible caso de denegación de Justicia, circunstancia que se agrava todavía más, si se contempla la evidente trascendencia institucional del caso", indicó el escrito presentado por el abogado Miguel Bronfman, patrocinante de ambas entidades.
Respuestas. En el escrito, las organizaciones de la comunidad judía criticaron la "incapacidad" del Poder Judicial para "dar una respuesta concreta al planteo de amparo", al tiempo que acusó una "injustificable demora".
Además, le recordaron a la procuradora que el expediente ingresó a la competencia de la Corte Suprema de Justicia el pasado 9 de agosto y aún no hay definición sobre si debe resolverlo Canicoba Corral o Biotti.
"Tratándose de una acción de amparo, que precisamente prevé para su trámite plazos especialmente breves, no existen razones objetivas que justifiquen la paralización del expediente, más aún cuando gran parte de la sociedad está pendiente de la resolución de planteo deducido nada menos que por las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994", concluyó la presentación.
Tanto la Amia como la Daia reclaman la inconstitucionalidad de la ley 26.843, aprobada recientemente por el Congreso nacional, que permitiría, de haber conformidad en Irán, que Canicoba Corral viaje ese país para interrogar a funcionarios sospechados.