La investigación judicial que se tramitó en los Tribunales provinciales de Rosario por las amenazas que recibió el gobernador Antonio Bonfatti a través de mensajes de texto desde el teléfono celular de un dirigente del gremio policial Apropol, se acumularán en un juzgado de la capital provincial, donde el gobierno ya había presentado una denuncia contra esa entidad por instigación a la sedición policial. El expediente se inició antes de que se desatara el conflicto por reclamo salarial que derivó en un paro de las fuerzas.

Por conexidad objetiva y subjetiva —mismo hecho con igual sospechoso— el expediente abierto en el juzgado de Instrucción Nº 14 de Rosario contra Alberto Martínez, referente de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol) y de cuyo teléfono celular se determinó que el sábado 7 de diciembre salieron al menos tres mensajes intimidatorios contra el titular de la Casa Gris, fue acumulado ayer a otra causa que se sustancia en la ciudad de Santa Fe, y también lo tiene como sospechoso.

A esa resolución se llegó luego de que el fiscal Nº 12, Donato Trotta, solicitara la acumulación de las actuaciones al interpretar que lo más conveniente era unificar la investigación por razones de economía procesal.

Pero principalmente porque en la capital provincial se investiga un hecho anterior denunciado por el Ejecutivo cuando, en medio de las sospechas de un acuartelamiento impulsado por Apropol con volanteadas y protestas, Bonafatti recibió el 3 de diciembre la primera advertencia en su teléfono. "¿Vas a seguir pagando lo mismo?", decía el mensaje. El número desde donde salió la advertencia resultó ser el mismo que cuatro días más tarde lo intimó con otros tres SMS, uno de los cuales les decía: "Pagá las 12 lucas, pelado...", coronado por un insulto, en obvia alusión al reclamo salarial que tuvo respuesta el martes 11, cuando se decidió el aumento de los haberes por decreto.

La investigación quedará en manos de la jueza de Instrucción Nº 4 de Santa Fe, Susana Luna.