El otro juicio oral y público que deberá afrontar el comisario Hugo Tognoli se sustancia en los Tribunales Federales de Rosario y aún no tiene fecha de inicio aunque el fiscal federal Mario Gambacorta y el procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, ya han solicitado la elevación al juez Marcelo Bailaque. Esta causa surgió a partir de una investigación que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en el sur provincial y que fue difundida por el diario Página/12 el 19 de octubre de 2012 cuando Tognoli era jefe de la policía santafesina.

   En esa investigación se sostenía que Tognoli, cuando estaba al frente de Drogas Peligrosas, colaboró junto a otros subordinados para facilitarle información al supuesto narcotraficante Carlos Andrés Ascaíni, afincado en Villa Cañás, para que pudiera eludir la persecución que sobre él estaba realizando la PSA.

   En una primera instancia la fiscal Liliana Bettiolo no halló elementos suficientes para imputar al ex jefe de policía por lo que el juez Carlos Vera Barros le dictó la falta de mérito tras mantenerlo detenido dos meses. Sin embargo, el verano de 2013 Bettiolo fue desplazada sorpresivamente por la Procuraduría y llegó en su lugar Juan Patricio Murray, quien con los mismos elementos que la causa tenía hasta entonces acusó a Tognoli de ser parte de una “empresa criminal conjunta”.

Los cómplices. Para Murray, junto a Tognoli participaban en esa “empresa” el comisario Juan Fernández, por entonces jefe de la seccional 2ª de Rosario pero anteriormente en la Brigada Operativa VIII de la ex Drogas Peligrosas; y el cabo Alfredo Quintana, quien se desempeñaba en la seccional de Villa Cañás, donde vivía el cuarto integrante del grupo: Ascaíni. Y señaló que eran esos policías los encargados de liberar la zona para la venta de drogas, tarea por lo que “recibían 30 mil pesos mensuales”.

   De acuerdo a la acusación, Ascaíni llamó a la comisaría de su pueblo para preguntar a quién pertenecían dos vehículos que lo seguían, llamado que atendió Quintana. El cabo avisó a Ascaíni que los vehículos eran de la PSA tras una averiguación que hizo mediante un clave de acceso al Registro Nacional de Propiedad Automotor a nombre del comisario Fernández, lo cual le permitió eludir el operativo de la PSA. En ese marco, el fiscal Murray consideró que Tognoli no verificó que un subordinado suyo empleara una clave con un fin que no era el debido. Por eso, el 9 de marzo de 2013 se revocó la falta de mérito a Tognoli y ordenaron su detención. Desde entonces está tras las rejas.

   El actual pedido de la fiscalía acusa a Tognoli y Fernández por tráfico de estupefacientes doblemente agravado, por la condición de funcionarios policiales y por la participación de una organización delictiva; al cabo Alfredo Quintana como partícipe necesario; y el abogado y ex policía Oscar Alberto Ledesma como partícipe secundario.