Bodegas Litoral nació en la década de 1950, primero como productora de vinos, luego se dedicó a la elaboración de jugos y aperitivos.
En verano entre 32 y 34 trabajadores producían unos 500 mil litros mensuales y 300 mil en temporada baja. En marzo de 2013 los dueños vaciaron la planta de avenida Caseros y Thedy, en barrio Refinería.
Para Omar Ferretti, presidente de la cooperativa, la decisión empresaria se remonta varios años atrás: "Lo venían armando desde el 2010", sentenció.
La constitución de la cooperativa "fue un proceso rápido y no tuvo demasiados escollos" aseguró Ferretti, quien tiene 56 años y desde hace 27 trabaja en la empresa.
El 4 de julio de 2013 la jueza Cicutto dictó la quiebra. Después obtuvieron la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y en marzo de 2014 la justicia determinó la viabilidad de la cooperativa, para la que trabajan hoy 24 personas.
El proceso de Fabricaciones Rosario fue parecido. Esta empresa productora de componentes para equipos de GNC, en la que llegaron a trabajar unos 80 obreros, fue vendida a distintos grupos y acumuló deudas por un millón de pesos.
GNC. Víctor Lombardo, presidente de la cooperativa, recordó que tomaron la fábrica "cuando el dueño no fue un mes y un día llegó a llevarse la plata". Sostuvo que la situación "era un desmanejo total" y que ya funcionaban como una cooperativa de hecho.
Lograron normalizar la situación, hasta que en junio de 2014 el juez Bergia ordenó el desalojo del galpón ubicado en presidente Perón al 7400. Lombardo criticó la decisión del magistrado: "Llevó tantos policías como si fuera un operativo, parecíamos ladrones".
En ese momento los apoyaron otras cooperativas y funcionarios de distintos gobiernos. Finalmente el juez suspendió el desalojo y en diciembre la Legislatura provincial sancionó la expropiación de los activos a favor de la cooperativa, que actualmente tiene 22 empleados.
Vaciamiento. El caso de Allocco fue más llamativo. Esta fábrica de insumos para la industria aceitera, única en su tipo en Latinoamérica, pasó de tener 250 trabajadores y facturar 38 millones de euros en 2011 a quebrar sólo dos años más tarde.
Sus empleados siempre denunciaron que la multinacional Desmet, rival de Allocco en el sector, compró la empresa de Villa Gobernador Gálvez para destruirla. Les fueron retirando trabajo, hasta que a partir de comienzos de 2013 los obreros ocuparon la planta, se movilizaron y lograron sostener la empresa.
Luego de la quiebra, el juez Bergia dispuso una intervención judicial hasta abril de 2016. De todas maneras, afirmaron los trabajadores de Allocco, "tienen elaborado un proyecto de cooperativa" para ser presentado en caso de ser necesario.
"Los clientes han respondido bien", aseguraron. Volvieron a trabajar con Renova, Santa Clara, Molinos Cañuelas, Vicentín. Incluso vendieron repuestos al exterior. Aunque todavía están lejos de los números de lo que llaman "el Allocco histórico" a fin de año los 75 obreros cobraron un premio de 35 por ciento por producción, que les permitió recuperar algo del poder adquisitivo perdido luego de la crisis y la quiebra.
El rol del Estado. A partir de estos casos, Abelli analizó la situación de las recuperadas, que según el dirigente del MNER emplean en forma directa e indirecta a 40 mil personas en el país, 900 en la provincia y entre 350 y 400 en Rosario.
Al repasar el abordaje del estado nacional, Abelli señaló que están "muy conformes en términos políticos, pero la intervención del estado en este tema sigue siendo ineficiente".
Y agregó: "Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pasaron de la represión y la judicialización a recibirnos en la Casa Rosada, a escuchar nuestra demanda y a transformar en política pública lo que nosotros planteamos. Se formó el Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, el Inaes comenzó a tener un rol distinto, Desarrollo Social también apoyó bastante al sector".Sin embargo, el dirigente cuestionó que existan "distintas ventanillas".
"Hay que tener un financiamiento directo", planteó, e indicó que debería conformarse "una caja de crédito que administre de manera independiente fondos públicos" provenientes del presupuesto de distintos ministerios.
En su opinión, esto permitiría un crecimiento geométrico del sector: "Compramos tecnología por 100 millones de dólares y el Estado no nos dio un peso. Si ese dinero se volcase a la inversión productiva, podríamos duplicar y triplicar trabajadores ocupados, pasar de 50 mil a 100 mil o 150 mil trabajadores en 5 años".
Perspectivas. Los objetivos de las recuperadas recientes son modestos, de corto plazo. "Mantener la producción y ampliar venta" planteó Ferretti, de Trechel. "Buscar más trabajo", dijo Lombardo, de Fabricaciones Rosario. "Que la empresa esté bien vista y los clientes vuelvan a confiar" aspiraron desde Allocco.
A pesar de que pronostican "un amesetamiento durante 2015" por la inflación y el deterioro de ciertas variables macroeconómicas,
Abelli se mostró optimista en el mediano plazo: "Estamos previendo para 2016-2017 un período de crecimiento económico y queremos estar preparados para eso. No solamente para desarrollar el mercado interno, sino también para exportar". Sin embargo, advirtió: "Sin capital y sin asistencia no podemos".
Abelli, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) planteó la necesidad de "reformar de cuajo" la ley de quiebras y expresó su "preocupación" por cómo actúan los jueces ante las experiencias autogestivas.
Destacó que luego de las modificaciones en la ley de quiebras "se coloca a los trabajadores en un lugar de privilegio, con el concepto de mantener la empresa funcionando". Eso, reconoció, "ayudó muchísimo" a las recuperadas.
No obstante, planteó que las centrales sindicales, empresarias, el movimiento cooperativo y las empresas recuperadas deberían proponer una nueva legislación "que evite la licuación de deuda de manera fraudulenta, que tenga el concepto de que la empresa es un activo social".
Sombras. Señaló que hubo "un retroceso evidente en el último año" con respecto a las decisiones judiciales con respecto a las empresas en crisis y defendidas por sus trabajadores.
En este sentido, sostuvo que en casos como los de Fabricaciones Rosario y Allocco, la Justicia intenta "acomodar la ley a esa ideología". E indicó que están viendo el proceso "con cierta alarma".