Representantes de las facultades públicas de derecho de la provincia mantuvieron la semana pasada una reunión con senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que expresaron su posición respecto de cuatro leyes pendientes para que entre en pleno funcionamiento la reforma procesal penal en Santa Fe. Los docentes remarcaron la urgencia de aprobar esas leyes, a las que definieron como una "política de Estado". Señalaron que, de no aprobarse a la brevedad, se corre el riesgo de que numerosos fallos sean anulados por la Corte nacional u organismos internacionales.

Los proyectos de ley en discusión cuentan con media sanción de Diputados y ahora deben discutirse en el Senado, con mayoría justicialista. Esas leyes son las que organizan los nuevos tribunales penales, regulan el servicio público provincial de defensa, crean el nuevo ministerio público de la acusación y organizan la transición hacia el funcionamiento definitivo del sistema, prevista en tres años. Se trata de los ordenamientos legales pendientes para la plena entrada en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, que instaura el juicio oral y un sistema acusatorio, donde gana terreno la disputa entre las partes.

En la reunión, por la Universidad Nacional de Rosario estuvieron los docentes Víctor Corvalán y Néstor Vico-Gimena. Junto a los profesores representantes de la Universidad Nacional del Litoral, Jorge Vázquez Rossi y Eduardo Jauchen, coincidieron en la urgencia de que el Senado apruebe estas leyes para poder poner en plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal.

En un escrito, los docentes rosarinos remarcaron su posición a favor de que la provincia "deje el absurdo lugar que le ha tocado ocupar entre las naciones de América, desde que es la única donde todavía rige el modelo escriturario, inquisitivo y abiertamente contrario a nuestra Constitución". Los legisladores se comprometieron a darle pronto tratamiento a los proyectos en danza.

Críticas

Al reclamar que se agilice la reforma, los docentes rosarinos plantearon que "resulta insostenible que el órgano de la acusación dependa de un integrante de la Corte Suprema (el procurador), que se condene a imputados que no tuvieron una reunión con un defensor antes de declarar y que se siga condenando en base a pruebas sin control de las partes".