La tragedia de los 33 mineros chilenos desnudó las paradojas de un país que es el más desarrollado de América latina, pero también uno de los de más inequidad en el mundo.
  Las masivas compras de empresas que las compañías chilenas hacen por América latina, estimadas en 50 mil millones de dólares desde 1990, conviven con millones de personas que subsisten con menos de dos dólares diarios.
  La tragedia indignó, asombró y reveló cómo la seguridad de los mineros fue aparentemente poco importante para los empresarios y autoridades antes del desastre.
  “El comportamiento de los dueños deja mucho que desear”, dijo ayer Javier Castillo, del sindicato de la mina San José. “Se nos trató de insolentes, casi de locos, por querer cerrar las faenas de la mina”,
  Ahora, gobierno, tribunales y el Congreso investigan a diferentes niveles cómo reabrió y operó una mina clausurada en 2007, donde este año un trabajador ya había perdido una pierna.
   Chile, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), club de países industrializados, construyó desde el retorno a la democracia en 1990 un camino al desarrollo, pavimentado en el crecimiento sostenido, el control inflacionario y la eliminación de la deuda fiscal.
  Ello convivió con un modelo económico que promovió la concentración oligopólica en todos los sectores, incluidas las empresas que proveen las pensiones y la salud.

Concentración. El economista Luis Escobar reveló hace días que en 2009 cuatro familias —Matte, Luksic, Angelini y Piñera— controlaban las empresas que representaban la mitad del patrimonio bursátil del país.
  En ese marco de concentración económica, y con un sistema electoral que evita la representación proporcional de mayorías, las voces de los trabajadores no son escuchadas, según opinan sindicalistas.
  “La falta de respeto a los trabajadores y sus representantes es una cosa escandalosa”, recalcó Javier Valenzuela, dirigente de los mineros atrapados. (DPA)