El abogado José Deguisa, quien hace siete años elevó un pedido a la Justicia Federal para que el bombardeo del 16 de junio de 1955 fuera declarado un crimen de lesa humanidad, consideró que ese recurso fue rechazado debido a “la tradición antiperonista que subsiste en los Tribunales” del país.

“Se arrojaron cerca de 14 toneladas de bombas sobre una población indefensa y hubo más de 350 muertos. Lo hicieron militares que integraban las fuerzas armadas del Estado que tres meses después dieron un golpe institucional que proscribió al peronismo por eso creemos que se trató de un crimen de lesa humanidad”, señaló el letrado en diálogo con Télam.

Y en ese sentido, subrayó: “Hoy, la Justicia procesa como imprescriptibles los crímenes del franquismo y se abrió una causa en tal sentido. Pero a las víctimas de ese bombardeo se las olvida. En los Tribunales subsiste un sentimiento antiperonista muy marcado”.

Deguisa presentó en febrero de 2008 un recurso para que este ataque, que perpetraron oficiales sublevados contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, sea declarado como delito de lesa humanidad.

El juez Rodolfo Canicoba Corral interpretó en diciembre de ese año, que el bombardeo se trató de un intento de magnicidio contra Perón, pero que no podía encuadrarse como un crimen contra la humanidad, y en consecuencia ordenó archivar la causa.

“No estoy para nada de acuerdo con ese criterio. Murieron personas inocentes con la intención de matar es un delito que reúne las características de la imprescriptibilidad. No pudimos apelar porque los familiares no se presentaron como querellantes”, explicó el abogado.

El primer juez que tuvo la causa del bombardeo fue Miguel Rivas Argüello, quien tras el golpe a Perón se exilió en Montevideo, donde un comando lo raptó.

Los militares que participaron en el ataque a Plaza de Mayo debieron enfrentar un Consejo de Guerra, que procesó a tres jóvenes capitanes de fragata que tendría años más tarde una decisiva intervención en el terrorismo de Estado que se inició en los años ’70.  Se trataba de Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada durante la última dictadura cívico militar; Horacio Mayorga, involucrado en la Mascare de Trelew, perpetrada durante 1972, en la base naval de Almirante Zar, y Oscar Montes, canciller del régimen militar que comenzó en marzo de 1976.

Entre los aviadores que huyeron a Uruguay estaban Máximo Rivero Nelly, acusado por los hechos de Trelew; Horacio Estrada, a cargo de un grupo de tareas de la Esma; y Eduardo Invierno, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en tiempos de Massera.

En tanto que otro de los oficiales de la Fuerza Aérea que participó de este bombardeo resultó Osvaldo Cacciatore, quien entre 1976 y 1982 ocupó la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, bajo la cual se erradicaron villas y se demolieron numerosas viviendas para la construcción de costosas autopistas.