La sombra del delito en la plata de los honorarios

Una cosa es ser abogado defensor y otra es integrar la organización criminal como engranaje jurídico. Quienes demandan, con razón, la legalidad de los procedimientos judiciales no son tan celosos para reclamar que el pago de sus servicios sea con dinero legal.
9 de noviembre 2014 · 01:00hs

En uno de los pasajes vibrantes de la serie The Wire, que trata sobre la persecución a una banda de vendedores de drogas en la ciudad estadounidense de Baltimore, la policía logra sentar en un juicio a un testigo valioso: un hombre que no tiene problemas en señalar a un dealer que ha cometido un asesinato. Para los seguidores de la serie el testigo es un personaje inolvidable: se llama Omar Little, es de una astucia deslenguada y en el estrado no demuestra intenciones de disimular nada. Así que cuando la fiscal le pregunta a qué se dedica contesta que su ocupación más regular es robarles a los traficantes. El abogado del homicida, que es el que representa juicio tras juicio a todos los miembros de la organización de traficantes, escucha cómo Omar embarra a su cliente. Hasta que finalmente toma la palabra.

El prontuario criminal de Omar parece una enciclopedia y en la audiencia el abogado lo lee de punta a punta. Mirando al jurado el defensor de los traficantes pregunta por qué le creerían a un criminal como ese, alza la voz mirando al testigo acusándolo de mentiroso y finalmente le zampa: “Usted es un parásito que se aprovecha de la venta de drogas”. El testigo replica: “Igual que usted amigo”. El abogado le pide que repita lo que dijo. Omar se encoge de hombros y dice:

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Respecto de los abogados penalistas se cierne un persistente malentendido. Se les endilga tener parentesco con el delito cuando en realidad su rol, esencial en una sociedad que se pretende equitativa y democrática, es defender a acusados de un ilícito, en una situación en donde la culpa del acusado no ha sido aún establecida. Un profesional no es abogado de narcotraficantes o de piratas del asfalto sino de personas que han sido señaladas por esos delitos y pueden no ser culpables. O que incluso pueden haber delinquido en el pasado pero ya no hacerlo. Con fines extorsivos, las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una acendrada tradición de inventar cargos contra personas que militaron en el terreno delictivo en el pasado y que ya no lo hacen pero quedan cautivas de su vieja fama. Para defender a inocentes, para evitar un rigor punitivo que imponga penas más allá de la culpa y para prevenir abusos, el oficio de abogado defensor es una profesión honorable e indispensable.

Pero a veces el ejercicio de abogado penalista particular puede cruzar una escabrosa frontera. Eso se ve en las relaciones perdurables entre defensores con ciudadanos acusados de manera recurrente de los mismos delitos. Allí las cosas cambian. Víctor Corvalán, docente de la Facultad de Derecho de la UNR, lo explica así. “A veces un abogado defiende en forma ocasional a un acusado de venta de drogas y eso está bien. Pero hay estudios que son en realidad la sección de asuntos jurídicos de la organización criminal”. Es justamente lo que Omar Little parece decir ante el jurado.

Esta delicada y remarcable controversia es un asunto casi negado del debate público. Pareciera que si alguien alude a la cuestión está objetando el ejercicio de una profesión liberal. Bobadas. Más bien puede estar aludiendo al turbio parentesco, aquí sí, entre una profesión honorable y el delito. A la medrosa diferencia entre ser representante legal de una persona o ser su cómplice.

Los defensores particulares o públicos, explica Corvalán, tienen que tener claras dos cuestiones. Una es que un abogado siempre defiende un discurso, el que le presenta su cliente sobre el caso, que debe ser razonable. Y la otra es que siempre defiende un pasado. Se puede defender a un cliente que dice que mató a su mujer. Pero no a alguien que dice que la va a matar. “Ahí no sólo no debo intervenir sino que no rige el secreto profesional. La obligación ética de ese abogado, al contrario, es avisarle a la autoridad pública que hay una persona decidida a cometer un homicidio”.

Otro concepto que despliega Corvalán es que el abogado penalista no puede tener clientela fija. Esto último delata, a su juicio, que está trabajando o para una organización o para reincidentes en el delito. “Puedo tener un cliente que ocasionalmente cometió un delito. Pero cuando paso al terreno de la organización delictiva, yo estoy atendiendo como asesor regular a una empresa. Ahí el abogado no mira el pasado de la empresa sino que vela por su futuro. Es decir garantiza la viabilidad del delito y por lo tanto es un integrante”.

Muchos penalistas que tienen sus despachos a disposición de clientelas regulares y dedicadas a los mismos asuntos objetan planteos de este tipo como visiones de ingenuos sin redención. Pero hay un espacio de intersección donde las contradicciones se ponen bien de punta: los honorarios. ¿Se puede dar por supuesto que lo que cobran los abogados particulares por defender a acusados de delitos es dinero bien habido? ¿Es insensato o irracional aspirar a que se controle que la plata con la que se cimentan grandes estudios jurídicos y las propiedades de sus dueños no provenga del delito?

En este momento histórico la expansión del narcotráfico con su despliegue de afectaciones en la violencia urbana y las adicciones es asumida en los discursos estatales y de la sociedad civil como una preocupación central. Si se busca asegurar como bien jurídico protegido a la paz comunitaria y a la salud pública, no debería tomarse como una teatralería la celosa custodia de la cadena económica que produce esta ilegalidad. Y aquí ingresan los contadores que facilitan el lavado del dinero y los abogados que colaboran como cuerpo jurídico regular de las organizaciones criminales.

El Colegio de Abogados de Rosario, que tiene un tribunal de ética, debería tener en estos asuntos una preocupación central. Sin embargo se coincide en que no hay ningún control de la matrícula, como tampoco existe una tradición en los organismos recaudatorios del Estado en vigilar de manera rigurosa la procedencia lícita del dinero con que se cobra honorarios. Si un docente o un plomero compran un auto deben demostrar su capacidad adquisitiva en base a su ingreso legal. A organismos como la Afip, la API, la Unidad de Información Financiera, ¿no les cabría ser celosamente estrictos con los ingresos de los abogados que defienden a acusados del delito de narcotráfico?

¿Caza de brujas? ¿Persecución tributaria selectiva? ¿Dictadura del sentido común? Atajemos de movida esos eslóganes triviales. El que no tiene nada que esconder —sea abogado, periodista, comerciante o barrendero— nada tiene que temer. Pero si a la sociedad y a sus instituciones les interesa resguardarse de los delitos continuados que la afectan, y eso genera legítimas prioridades de persecución en base a criterios de oportunidad, tiene una interesante vía de protección en la supervisión de los honorarios profesionales de quienes recurrentemente asisten a acusados de delitos inquietantes. Por ejemplo el narcotráfico.

En los últimos meses en Rosario es muy usual escuchar a abogados defensores ser muy puntillosos, de manera pública, reclamando la legalidad estricta de los procedimientos que avanzan penalmente sobre sus clientes y también la conducta ejemplar en los encargados de impartir justicia. Es un argumento con el cual uno no puede si no abrazarse de modo incondicional. La legitimidad de un proceso penal se basa en su absoluta legalidad. Hay que embanderarse con la legalidad. Pero en todos los campos. Pedir la legalidad del procedimiento penal y no aceptar dudas sobre los funcionarios judiciales es un principio innegociable. Pero también debe serlo asegurarse de que los defensores cobren por derecha. Y aquí no son tan notorias las proclamas por la legalidad. Al Estado que se expresa preocupado por los efectos del delito organizado le convendría no ser irresoluto y temeroso en aplicar lo que corresponde en el seguimiento de los honorarios: la ley.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es ley fundamental argentina, dice que la defensa en juicio es un derecho irrenunciable, lo que vuelve esa función un imperativo institucional para el Estado, que por eso asume como misión asegurar derechos. El ejercicio de ese derecho de brindar defensa entonces constituye el de un ministerio público y por tanto reclama, para los abogados particulares, el cumplimiento de todas las exigencias éticas que hacen a una función pública.

Entre las exigencias éticas está que el Estado se asegure, con la ley en la mano, que la plata que cobren los abogados no venga de la actividad del hampa. Lo contrario es vivir en una esquizofrenia hipócrita y destructiva. El Estado dice ir contra las organizaciones del delito, pero no se preocupa de que los defensores de acusados sean sostenidos por las ganancias del delito que persigue.

Que no se enojen los abogados. Al fin y al cabo esta nota se escribió en base a la fructífera consulta a una decena de ellos. Uno de ellos, Roberto Bulit Goñi, dijo: “Contra el narcotráfico el principal desafío es la investigación económica, porque eso hace menos rentable el delito. El dinero es la vía para llegar a las cabezas de las organizaciones, entre ellas sus asesores profesionales como contadores y abogados venales, que les permiten prosperar en su negocio y el lavado de su dinero. Para hacerlo no hay que inventar nada. Solo se necesita decisión política, presión sobre sus órganos de control tributarios y fiscales y sobre la Justicia”. Al filo del cierre del horario tribunalicio, el viernes un fiscal dijo: “¿Podemos hacer la vista gorda sobre la cuestión de dónde viene la guita de los honorarios? La respuesta que demos, para un lado u otro, es una política criminal”. Si los que llegaron hasta aquí disponen de siete minutos, una sugerencia en youtube: “Omar testifica contra Bird”.(http://www.youtube.com/watch?v=ocfa69FnDM0). Es una escena de ficción, cierto, pero con resonancias no del todo remotas.

 

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