Reafirmando todo lo expuesto por el señor Ignacio Fosco en su carta de lectores del día 20 de marzo pasado, quiero aportar datos que ayudan a comprender por qué muchos pensamos en la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Mediante la ley 22.950 el Estado paga un sueldo categoría 10 de la administración pública por cada seminarista católico. Por la ley 22.430 se abona jubilación a los sacerdotes. Por las leyes 21.950 y 21.540 se pagan sueldos y jubilaciones a los obispos (jubilaciones de privilegio). Todo esto teniendo en cuenta que los sacerdotes no aportan, usufructuando el esfuerzo de los trabajadores.

Eduardo A Aguilar,

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