La respuesta del colegio que nuclea a los letrados

La presidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Araceli Díaz, señaló ayer que "si alguien tiene conocimiento de un delito por parte de un abogado tiene que realizar la denuncia", ya que "a mí no me consta que se haya o no cometido" por parte de letrados.

Frente a la creciente preocupación social por la narcocriminalidad y la puesta en debate sobre si es o no admisible que haya estudios jurídicos que perciban honorarios que podrían provenir de actividades delictivas, tanto desde el Colegio como conocidos penalistas cuestionaron el planteo.

La titular del Colegio consideró que si un abogado comete una falta grave debe ser juzgado por el Tribunal de Etica y si incurrió en un delito debe ser juzgado por la Justicia ordinaria.

Díaz reconoció que "hay un aumento de causas que llegan al Tribunal de Etica, pero no es representativo respecto de los 8.500 abogados que están colegiados". Pero señaló que "la mayoría de las causas que se tramitan son de un abogado contra otro".

"Sé que hay abogados que se dedican a defender casi con exclusividad a personas relacionadas con el delito, pero de ahí a decir que son un departamento jurídico de organizaciones criminales, jamás podría hacer esa apreciación. Además, no me consta", aseveró.

Para el profesor de Derecho Procesal Penal, Carlos Edwards, quien "percibe honorarios maculados no comete ningún delito ni ninguna falta ética".

El profesional se apoya en literatura europea y estadounidense para sostener esta posición.

Además, señaló que si los abogados se expusieran al riesgo de ser perseguidos penalmente por la posibilidad de percibir honorarios "manchados", se correría el riesgo que ningún abogado asumiría una defensa penal "con la consiguiente mengua" de la garantía constitucional que tiene toda persona imputada de un delito a elegir un abogado defensor.

Y, a su vez, remarcó que si el abogado defensor se viera obligado a pesquisar el origen del dinero con el que el cliente le paga sus honorarios, para no verse expuesto a la comisión de un delito, además de violar el secreto profesional, conspiraría contra una defensa eficaz.

"Si admitiéramos este absurdo criterio, el panadero que vende el pan a quien el vecindario cree que trafica drogas, estaría recibiendo una retribución también maculada; en igual situación se encontraría el médico, el arquitecto, el contador, el vendedor de autos, el agente inmobiliario, y el colegio privado al cual concurren los hijos del presunto traficante", ejemplificó. Evaluó además que esto "implicaría una verdadera paralización de toda la actividad profesional o comercial, si en todos los casos se tendría que investigar la procedencia del dinero con que se pagan esos servicios".