La reforma a la Magistratura entrará en vigencia de hecho

La presidenta Cristina Kirchner promulgó ayer otras dos leyes que integran la reforma judicial aprobada por el Congreso, aunque no hizo lo propio con la de modificación del Consejo de la Magistratura, que, por eso, entrará en vigencia de manera automática.

Al no promulgar la ley que establece reformas en el organismo que selecciona y remueve jueces federales (ya aprobada por el Parlamento), luego de diez días hábiles desde su sanción en el Senado, y al no ser vetada por el Poder Ejecutivo, la norma quedará promulgada de hecho.

Los principales cambios introducidos al Consejo de la Magistratura (la elección por el voto popular de sus miembros y la ampliación de sus integrantes de 13 a 19) fueron muy cuestionados por dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces, que esperaban que la presidenta promulgue esa ley para presentar ante la Justicia un recurso para frenar su aplicación por entender que se trata de una iniciativa de carácter "inconstitucional".

Con su vigencia automática, se acortaron los tiempos para que la oposición presente sus impugnaciones ante la Justicia para frenar la elección de consejeros a través de los partidos políticos en los próximos comicios, teniendo en cuenta que el 22 de junio vence el plazo para la inscripción de listas. En la oposición también cuestionan el artículo que establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.

Entienden que este piso de 18 distritos de la ley tiene un "perfil proscriptivo" y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros.

Puso la firma. Las leyes que la presidenta promulgó ayer son las que obliga a la presentación de "declaraciones juradas patrimoniales integrales" a los magistrados y otra que obliga a los tribunales a publicar "íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten".

A través de sendos decretos las normas entraron en vigencia, lo que las suma a la norma que crea nuevas Cámaras de Casación y la que regula las medidas cautelares en causas en las que interviene el Estado.

Pedido de ayuda a la Corte

El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte Suprema casi 130 millones de pesos para pagar los sueldos de mayo de su personal. Según el Centro de Información Judicial, en la solicitud el organismo manifestó que "la disponibilidad de fondos en sus cuentas bancarias y la proyección anual de recursos y gastos realizados a la fecha presenta un déficit que no le permite afrontar el pago de los sueldos" de mayo. La Corte está evaluando la situación planteada.