Los abogados querellantes del ex detenido desaparecido Alberto Ledesma solicitaron ayer la pena máxima de 25 años de prisión para siete de los ocho represores imputados en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Neuquén.
Los abogados querellantes del ex detenido desaparecido Alberto Ledesma solicitaron ayer la pena máxima de 25 años de prisión para siete de los ocho represores imputados en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Neuquén.
Durante su alegato, los abogados Gustavo Olivera y Gustavo Mazieres anticiparon que no están de acuerdo con la prisión domiciliaria en caso de que la sentencia sea condenatoria.
"Un pueblo sin memoria esta condenado a la frustración. Estos juicios son para sostener la memoria colectiva, por justicia y por verdad", afirmó Mazieres, al brindar el contexto en el que son juzgados militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Precisó que el Operativo Independencia en Tucumán en 1975 aplicó "una metodología terrorista desde el Estado como también la Triple A durante el gobierno de Isabel Martínez pero fue con el golpe militar de 1976" cuando comenzó el período de graves violaciones a los derechos humanos a niveles que nunca antes había alcanzado".
En tanto, el abogado Gustavo Olivera explicó de qué manera funcionó la estructura del ejército en la región y la puesta en marcha en 1976 del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" y recordó los padecimientos de Ledesma, detenido en Comodoro Rivadavia en enero de 1976.
En noviembre de ese mismo año se produjo el traslado de un grupo de detenidos, entre ellos Ledesma desde Rawson a la U9 de Neuquén aunque cuatro de ellos permanecen como desaparecidos.
Ledesma fue conducido al Centro Clandestino de Detención La Escuelita donde fue torturado reiteradamente de lo que dio cuenta al declarar como testigo en este juicio.
Olivera imputó a siete de los ocho represores juzgados de ser parte de una asociación ilícita más privación ilegítima de la libertad y torturas a tres de ellos por lo que solicitó una condena de 25 años de prisión.
Los acusados son los ex jefes del Batallón de Ingenieros 181 Enrique Braulio Olea; de Inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas; de Inteligencia del Comando de Brigada, Oscar Reinhold; al médico militar Hilarion de la Pas Sosa, al ex jefe de personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera y a los ex oficiales de Inteligencia, Jorge Molina Escurra y Adolfo San Martín.