La querella solicitó 25 años de prisión para ocho de los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, y reclamó la reapertura de la causa para que se investigue a personas supuestamente vinculadas con el caso, entre ellos al ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda.

El abogado José D'Antona, que representa por la acción civil a Susana Trimarco, solicitó además la detención inmediata de todos los imputados ante la posibilidad de fuga.

D'Antona le pidió a la justicia que reabra la investigación penal contra el ex gobernador Miranda (1999-2003); el ex presidente del club San Martín de Tucumán, Rubén Ale; el ex secretario judicial Ernesto Baaclini y el ex jefe de la brigada de investigaciones de la Policía, Víctor Lisandro, entre otros, por desviar la pesquisa o dar falsos testimonios.

El letrado vinculó a Miranda, quien también fue senador nacional por el PJ, con la trata de personas y con el denominado "clan Ale".

Ale y Miranda no están vinculados en la causa, pero el primero fue mencionado por los testigos sobre una supuesta participación en el secuestro.